Leonardo Curzio advierte que los nuevos lineamientos pueden incentivar autocensura. La propuesta está en consulta pública y el gobierno niega que permita sancionar contenidos críticos.
La discusión sobre derechos de las audiencias parte de una idea difícil de cuestionar: quienes escuchan radio y ven televisión deben poder distinguir información, opinión y publicidad; deben contar con mecanismos de queja y conocer los códigos éticos de los concesionarios.
El problema aparece cuando una regulación diseñada para proteger al público puede también modificar la manera en que los medios deciden qué publicar.
Leonardo Curzio lanzó una de las críticas más duras contra los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Considera que pueden crear un ecosistema demasiado favorable al gobierno y generar autocensura en periodismo crítico, de investigación y opinión.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene el proyecto en consulta pública hasta el 21 de agosto.
La propuesta contempla obligaciones como códigos de ética, defensores de audiencias, mecanismos para recibir quejas y reglas para distinguir distintos tipos de contenido.
Por sí mismas, esas figuras no son censura.
De hecho, existen en múltiples sistemas democráticos y pueden mejorar la transparencia de los medios.
La pregunta está en la arquitectura institucional.
¿Quién interpreta los incumplimientos? ¿Qué margen de discrecionalidad tiene el regulador? ¿Qué sanciones pueden derivarse? ¿Existe suficiente independencia respecto del Poder Ejecutivo? ¿Cuánto costo administrativo implica cumplir para medios pequeños?
El gobierno ha respondido que las sanciones están dirigidas a incumplimientos administrativos y no a opiniones incómodas o críticas contra las autoridades.
Esa distinción es fundamental.
Si el regulador no puede castigar a un periodista por una investigación o una opinión, hablar directamente de censura estatal puede exagerar el alcance jurídico de la propuesta.
Pero el riesgo de autocensura no necesita una orden explícita.
Un medio puede moderar contenidos si percibe que una investigación crítica aumentará quejas, procedimientos, costos legales o fricción con una autoridad reguladora. Ese efecto indirecto es el centro de las advertencias de Curzio y de organizaciones de la industria.
También hay que evitar el extremo contrario.
Presentar cualquier obligación sobre ética, rectificación o derechos de audiencia como ataque a la libertad de expresión equivale a sostener que los medios no deben rendir cuentas frente a nadie.
La libertad de prensa no elimina responsabilidades.
El desafío está en que esas responsabilidades sean claras, proporcionales y administradas por una institución con independencia suficiente para que un concesionario no tenga que preguntarse si una sanción responde a una falta o a una investigación que incomodó al gobierno.
La consulta pública ofrece precisamente el espacio para corregir ambigüedades antes de que las reglas sean definitivas.
Eso requiere abandonar las consignas.
El gobierno debería explicar artículo por artículo qué puede sancionar la CRT y qué está expresamente protegido. Los críticos deberían señalar disposiciones concretas que generen discrecionalidad, no limitarse a pronosticar una dictadura mediática.
Los derechos de las audiencias y la libertad de expresión no son enemigos naturales.
Un buen marco regulatorio debería fortalecer ambos.
Si para proteger al público terminamos produciendo medios temerosos de investigar, fracasó la regulación.
Si para proteger al periodismo dejamos a las audiencias sin herramientas frente a abusos, también.
La prueba no será cuántos códigos de ética se registren.
Será si, después de las nuevas reglas, un periodista puede seguir publicando una investigación incómoda sin preguntarse primero cuánto trámite administrativo le va a costar.
