Las líneas terminadas en 0 que no hicieron la vinculación comenzarán a ser suspendidas el 18 de agosto. El objetivo es combatir extorsiones, pero la prueba real será si reduce el delito y no solo aumenta trámites.
El registro obligatorio de líneas celulares deja de ser una campaña informativa y entra en su primera etapa de consecuencias concretas.
A partir del 18 de agosto, los operadores comenzarán a suspender temporalmente las líneas cuyo número termina en 0 y que no completaron la vinculación exigida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El plazo para ese grupo venció el 15 de agosto y el regulador señaló que no habrá prórroga.
La suspensión implica perder temporalmente llamadas, mensajes SMS y datos móviles. Las líneas conservarán acceso a servicios de emergencia como 911, 079, 088 y 089, además de la recepción de alertas sísmicas.
El calendario continuará de manera escalonada. Las líneas terminadas en 1 tienen hasta el 31 de agosto; las demás terminaciones avanzarán durante los siguientes meses hasta cerrar el 31 de diciembre con los números terminados en 9.
La justificación gubernamental es conocida: reducir el anonimato de las tarjetas SIM y dificultar el uso de líneas móviles para extorsión y otros delitos.
El objetivo es razonable. La pregunta es si el mecanismo será suficiente.
Vincular un número con una identidad puede facilitar investigaciones posteriores y aumentar el costo de utilizar líneas desechables. Pero el crimen organizado también utiliza suplantación de identidad, aplicaciones de mensajería, llamadas por internet, teléfonos extranjeros y esquemas que no dependen exclusivamente de una SIM anónima.
Por eso el éxito de la medida no debería evaluarse por cuántas líneas fueron registradas.
El dato importante será qué ocurre con la extorsión telefónica.
Al 13 de agosto, la CRT reportaba 71 millones de líneas vinculadas. Esa cifra demuestra una respuesta masiva de usuarios, pero todavía no prueba que el delito haya disminuido.
También será necesario vigilar la protección de datos personales. Crear una vinculación obligatoria entre identidad y número telefónico implica almacenar información que puede resultar valiosa tanto para las autoridades como para actores maliciosos si existen fallas de seguridad.
La suspensión de las primeras líneas marca el inicio de la prueba real.
Si el registro reduce extorsiones y mejora investigaciones, el trámite tendrá una justificación pública clara.
Si el delito se desplaza a otros canales y millones de usuarios solo enfrentan una nueva obligación administrativa, será necesario revisar la estrategia.
Registrar 71 millones de líneas es un resultado operativo.
Hacer que el teléfono deje de ser una herramienta de extorsión será el resultado que importa.
