La FGR busca que 2.24 millones de pesos vinculados con Hernán Bermúdez y familiares pasen al Estado. El procedimiento aún depende de un juez y no equivale a una sentencia penal.
La Fiscalía General de la República abrió procedimientos de extinción de dominio sobre aproximadamente 2.24 millones de pesos vinculados con Hernán Bermúdez Requena y personas de su familia.
La cifra merece una aclaración inmediata porque algunos encabezados pueden leerse como si se tratara de 224 millones. No es así. Los recursos asegurados suman cerca de 2.24 millones.
Una parte, alrededor de 1.38 millones, está vinculada directamente con Bermúdez. Otros montos aparecen en cuentas asociadas con su esposa y su hermano. Bermúdez fue secretario de Seguridad de Tabasco y enfrenta procesos relacionados con acusaciones que lo colocan como presunto dirigente de La Barredora.
Las autoridades lo han relacionado con delitos de alto impacto y una estructura criminal de mayor escala. Eso explica por qué el monto genera sorpresa. Dos millones de pesos son una cantidad importante para cualquier persona, pero parecen reducidos frente al tamaño de la organización descrita por las investigaciones.
La extinción de dominio no es un decomiso automático. El dinero está asegurado y un juez debe determinar si existen elementos suficientes para que los recursos pasen definitivamente al Estado. También es un proceso distinto del juicio penal. Una persona puede enfrentar una investigación criminal y, al mismo tiempo, litigios sobre bienes que presuntamente tienen origen ilícito.
La herramienta busca afectar financieramente a organizaciones criminales, no solamente encarcelar a sus integrantes. Ese objetivo es relevante porque las redes delictivas sobreviven cuando conservan empresas, propiedades, cuentas y activos aunque algunos de sus operadores sean detenidos.
La pregunta es si este procedimiento representa el inicio de una recuperación patrimonial más amplia o el límite de lo que la Fiscalía ha conseguido localizar. Si La Barredora manejaba las cantidades que describen distintas investigaciones, seguir el dinero debería producir una fotografía mucho mayor. Por ahora, la cifra oficial es 2.24 millones.
El siguiente dato importante será saber qué otros activos están bajo investigación y qué parte de ese patrimonio puede demostrarse judicialmente como producto de actividades ilícitas.
