Monreal dice que no protegerá a Alejandro Moreno si existen elementos para desaforarlo; el verdadero examen será si el mismo criterio se mantiene cuando cambien las mayorías.
El posible desafuero de Alejandro Moreno tiene todos los ingredientes para convertirse en espectáculo político: un dirigente opositor con acusaciones graves, una mayoría oficialista con los votos para avanzar y declaraciones de Ricardo Monreal asegurando que no protegerá a nadie. Sobre el papel, suena correcto. Si existen elementos suficientes para investigar a un legislador, el fuero no debería funcionar como un chaleco antibalas contra la justicia. El problema comienza cuando una herramienta institucional se vuelve demasiado atractiva para utilizarla contra adversarios.
Moreno enfrenta señalamientos por presunto peculado, uso indebido de atribuciones y un supuesto daño patrimonial millonario. Son acusaciones que merecen investigación seria, expedientes sólidos y, si corresponde, un proceso judicial. Lo que no debería ocurrir es que la culpabilidad se decida primero en la tribuna y después se busque cómo acomodar el procedimiento. Un desafuero no es una condena; es retirar una protección procesal para que una persona pueda enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano.
La ironía es que Morena parece descubrir ahora las virtudes de quitar protecciones mientras, al mismo tiempo, algunos de sus dirigentes han convertido decisiones personales de otro país —como la cancelación de visas— en grandes debates sobre persecución política y soberanía. Por eso la pregunta no es si Alejandro Moreno cae bien o mal. Tampoco si su estilo político resulta desagradable para sus adversarios. La pregunta es si estaríamos dispuestos a aplicar exactamente el mismo estándar cuando la persona señalada pertenezca al partido gobernante.
Las reglas tienen una característica incómoda: sobreviven a quienes las utilizan. Hoy una mayoría puede considerar correcto retirar el fuero a un opositor. Mañana otra mayoría podría aplicar el mismo procedimiento a quienes hoy gobiernan. Si el criterio es jurídico, no debería existir problema. Si el criterio es político, entonces todos tendrían razones para preocuparse.
México ya tiene demasiada experiencia con instituciones que cambian de significado dependiendo de quién ocupa el poder. Cuando una herramienta beneficia a los nuestros, se llama justicia; cuando afecta a los nuestros, se llama persecución. Ese doble estándar termina destruyendo la credibilidad del sistema.
Que se investigue a Alito. Si existen pruebas, que responda. Si no existen, que el expediente se caiga. Pero el proceso debe ser tan claro que mañana Morena pueda aceptar sin gritos exactamente el mismo procedimiento contra uno de sus propios legisladores.
El problema del fuero no es que proteja a una persona determinada. El problema es utilizarlo como privilegio para unos y como arma política contra otros. Si Monreal realmente quiere demostrar que nadie está por encima de la ley, el reto no es desaforar a un adversario. El reto es sostener esa misma frase cuando el expediente tenga los colores de su propio partido. Además, el desafuero debería conservar una lógica excepcional. Si se vuelve parte de la pelea cotidiana entre partidos, cada cambio de mayoría traerá una lista de enemigos a los que quitar protección. Eso no fortalece la justicia; solamente traslada la guerra política a un procedimiento que debería ser técnico. La mejor defensa contra esa tentación es sencilla: expediente público, argumentos verificables y el mismo criterio para aliados y adversarios.
