La defensa de Fernando Farías Laguna insiste en que es inocente mientras avanza su extradición; el problema es que una red multimillonaria no pudo operar sin responsables.
La defensa de Fernando Farías Laguna y los mensajes de su familia insisten en una idea: el excontraalmirante sería inocente y estaría siendo utilizado como chivo expiatorio dentro del enorme caso de huachicol fiscal. Tiene derecho a sostenerlo. En un Estado de derecho, una acusación no equivale a una condena y corresponde a la Fiscalía demostrar cada señalamiento. El problema es que, conforme aparecen nuevos nombres, casi todos parecen tener una explicación para no ser responsables. Entonces surge una pregunta demasiado sencilla para una trama tan complicada: si todos son inocentes, ¿quién operó realmente el negocio?
No estamos hablando de unos cuantos litros trasladados en una camioneta. Las investigaciones sobre contrabando de combustibles han descrito operaciones que requerían buques, puertos, documentos, empresas transportistas, agencias aduanales, almacenamiento, distribución, movimientos financieros y contactos dentro o alrededor de instituciones públicas. Una estructura de ese tamaño no funciona por accidente. Tampoco puede depender de una sola persona.
Por eso reducir todo el expediente a un villano único sería tan poco creíble como aceptar que nadie sabía nada. Si Fernando Farías demuestra que no participó, la investigación debe continuar hacia otros responsables. Si las pruebas lo vinculan, deberá responder. Lo mismo aplica para empresarios, funcionarios, marinos, operadores aduanales o cualquier otra persona señalada.
La esposa de Farías ha defendido públicamente su inocencia y la familia ha cuestionado que se fabriquen culpables. Esa defensa es legítima. Lo que no puede ocurrir es que el debate público se convierta en una competencia para ver quién logra deslindarse mejor mientras el origen de miles de millones de pesos permanece sin explicación.
También han aparecido otros nombres, incluido Ernesto Ruffo Appel, rechazando vínculos o responsabilidades. Cada persona merece que su caso se valore con evidencia propia. Pero conforme crece la lista de deslindes, también crece la necesidad de que la Fiscalía explique con claridad cómo funcionaba la red: quién daba órdenes, quién falsificaba documentos, quién autorizaba movimientos, quién recibía dinero y quién permitía el paso del combustible.
La extradición de Farías desde Argentina, si se concreta conforme al procedimiento correspondiente, no debería ser presentada como el final del caso. Apenas permitiría que enfrente formalmente las acusaciones en México.
El peligro sería utilizar su llegada como fotografía política: presentar un detenido importante, anunciar un golpe contundente y dejar sin resolver la arquitectura completa de la operación.
Una red de esta magnitud no puede terminar explicada con un solo apellido. Si Farías es responsable, que se pruebe. Si no lo es, que se encuentre a quienes sí lo fueron.
Porque alguien organizó el negocio, alguien ganó dinero y alguien permitió que funcionara durante suficiente tiempo para causar un daño enorme.
Si todos los señalados son chivos expiatorios, entonces todavía nos faltan los verdaderos responsables. Y esa sería una noticia todavía más grave. Además, la dimensión pública del caso exige algo más que filtraciones y declaraciones defensivas. La Fiscalía debería explicar la estructura con un mapa comprensible: empresas, funcionarios, rutas, montos y responsabilidades específicas. Mientras esa arquitectura no quede clara, cada nuevo detenido podrá presentarse como chivo expiatorio.
