Trump amenaza con aranceles del 50% a sectores canadienses mientras en México la cancelación de la visa de Andy López Beltrán sigue ocupando espacio político; la comparación expone prioridades distintas.
La comparación entre Canadá defendiendo su industria automotriz y México discutiendo durante días la visa de Andrés Manuel López Beltrán es sarcástica, pero funciona porque expone dos tipos muy distintos de conflicto con Estados Unidos.
Donald Trump anunció aranceles del 50% sobre automóviles, autopartes y acero provenientes de Canadá a partir de 2027. Para Ottawa, la respuesta tiene consecuencias directas sobre empleos, cadenas de suministro, exportaciones y crecimiento económico. Es lógico que el gobierno canadiense lo trate como asunto nacional.
México, mientras tanto, ha dedicado una cantidad considerable de atención política a la cancelación de la visa estadounidense de Andy López Beltrán.
Morena habló de soberanía, legisladores discutieron el tema y la propia presidenta fue cuestionada repetidamente.
Andy tiene derecho a defenderse, pedir explicaciones y considerar injusta una decisión migratoria. Pero sigue siendo un ciudadano y dirigente partidista, no una institución del Estado mexicano.
Ahí aparece la pregunta sobre proporcionalidad.
Una visa es un permiso discrecional otorgado por otro país. Estados Unidos puede cancelarla bajo sus reglas, así como México puede negar entrada a extranjeros. Eso no significa que cualquier cancelación deba aceptarse sin crítica, pero convertir un caso personal en crisis de soberanía puede confundir interés partidista con interés nacional.
La ironía aumentó cuando legisladores opositores retaron a políticos de Morena a renunciar voluntariamente a sus propias visas en solidaridad. El gesto fue provocador, pero reveló algo: es más fácil defender en discurso la soberanía que renunciar personalmente a un beneficio.
Al mismo tiempo, un exdirector de la DEA pidió públicamente que México entregue a Rubén Rocha Moya a autoridades estadounidenses. Esa solicitud toca otro nivel porque se relaciona con acusaciones penales y extradición, no con permisos migratorios.
México debe defender debido proceso en ambos casos.
No entregar a alguien sin cumplir requisitos.
No aceptar acusaciones sin pruebas.
Pero tampoco utilizar la palabra soberanía como escudo automático cada vez que una decisión afecta a un aliado político.
Canadá puede enseñarnos algo sencillo: definir claramente qué interés nacional está en juego.
Cuando un arancel amenaza miles de empleos, la respuesta tiene dimensión nacional evidente.
Cuando una visa personal se cancela, el afectado puede litigar, reclamar o responder políticamente.
No necesariamente necesita que todo el Estado convierta su problema en bandera.
La diplomacia funciona mejor cuando distingue prioridades.
México enfrenta temas verdaderamente estratégicos con Estados Unidos: comercio, seguridad, fentanilo, migración, agua y cadenas productivas.
Todos tienen impacto directo sobre millones de personas.
La visa de Andy puede ser noticia.
Lo difícil es justificar que tenga la misma categoría.
Defender a los ciudadanos mexicanos es obligación del gobierno.
Confundir la suerte migratoria de un dirigente con la soberanía nacional es otra cosa.
Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, importa mucho. México no debería dejar de acompañar consularmente a un ciudadano por ser familiar de un expresidente. El punto es otro: acompañar no equivale a convertir su caso en prioridad estratégica. La política exterior pierde claridad cuando cada controversia partidista se presenta como amenaza al país entero.
