Rubén Rocha Moya intentó retomar la gubernatura de Sinaloa, pero el respaldo político cambió de tono y terminó pidiendo licencia otra vez apenas horas después.
El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa duró tan poco que terminó convirtiéndose en símbolo de algo más grande: el respaldo político que alguna vez recibió ya no parece funcionar de la misma manera. Durante meses, la narrativa oficial había sido la de acompañar al gobernador mientras avanzaban acusaciones y señalamientos en Estados Unidos. El famoso “no estás solo” resumía esa idea de protección política. Pero cuando Rocha decidió volver al cargo, el mensaje desde la Presidencia cambió.
Rocha regresó después de más de tres meses de licencia y sostuvo que en México no se habían encontrado elementos suficientes para responsabilizarlo. Esa es su defensa y debe mencionarse. Sin embargo, su decisión ocurrió en un momento crítico: Estados Unidos mantiene acusaciones contra él y otros funcionarios, Gerardo Mérida modificó recientemente su situación de custodia en aquel país, Fausto Corrales fue detenido y el caso de Héctor Melesio Cuén continúa lleno de preguntas sobre la versión inicial presentada por autoridades sinaloenses.
El problema no es únicamente jurídico. También es político.
Si Rocha decidió regresar sin una coordinación clara con la presidenta Claudia Sheinbaum, terminó obligando a Morena a decidir qué debía proteger: la continuidad de un gobernador cuestionado o la estabilidad política de la propia Presidencia. La reacción fue reveladora. Gobernadores y dirigentes cerraron filas con Sheinbaum. Después, la presidenta consideró que una nueva salida de Rocha era lo mejor para Sinaloa.
Eso ayuda a entender el giro: del “no estás solo” se pasó, en términos prácticos, a un “solo no afectes a la presidenta”.
Mientras tanto, la FGR enfrenta críticas por la lentitud con la que ha avanzado frente a señalamientos estadounidenses. Esa comparación es incómoda porque la Fiscalía sí ha mostrado rapidez en otros expedientes políticamente visibles. La exigencia no debería ser detener a alguien porque Estados Unidos lo pide, sino explicar con claridad qué información se ha recibido, qué falta por recibir y qué líneas de investigación existen en México.
No se trata de copiar una acusación extranjera ni de proteger a un político nacional. Se trata de investigar.
También conviene evitar la idea de que la caída política de Rocha demuestra automáticamente su culpabilidad. Una crisis de respaldo no sustituye pruebas. Pero tampoco puede utilizarse la falta de una imputación mexicana como certificado de inocencia mientras existen expedientes abiertos y hechos todavía no explicados.
Sinaloa necesita algo más que movimientos administrativos.
La gente que vive entre violencia, bloqueos y miedo necesita saber quién gobernará, qué estrategia de seguridad habrá y si las instituciones son capaces de investigar incluso cuando los nombres involucrados pertenecen al mismo partido.
Rocha volvió al cargo y tuvo que irse otra vez.
Lo que todavía no vuelve es una explicación completa de todo lo que ocurrió alrededor de Cuén, Mérida y las acusaciones estadounidenses.
Y ahí está el verdadero problema. También será importante observar qué ocurre con el relevo. La salida de Rocha puede desactivar una crisis inmediata, pero si el nuevo gobierno conserva exactamente la misma lógica, el problema político seguirá intacto. Sinaloa necesita que la transición reduzca incertidumbre, no que solamente cambie el nombre del despacho.
