Cinco años después de su creación, Gas Bienestar no logró la expansión nacional prometida; el caso revive el debate sobre hasta dónde debe competir directamente el Estado en mercados que también regula.
Gas Bienestar nació en 2021 con una promesa muy fácil de comunicar: llevar cilindros de gas a precios accesibles, aumentar competencia y romper prácticas consideradas monopólicas. Cinco años después, el contraste entre esa promesa y su alcance real es difícil de ignorar.
La información publicada señala que el programa opera únicamente en nueve alcaldías de Ciudad de México y que su cobertura representa una fracción mínima del país. También se reportan miles de millones de pesos en inversión y costos sin utilidades netas positivas.
Eso no significa automáticamente que el proyecto sea inútil.
Una empresa pública puede tener objetivos sociales que no se miden únicamente por ganancias. Si logra reducir precios, mejorar competencia o garantizar abasto en zonas donde el mercado falla, puede justificar pérdidas contables.
El problema es otro: ¿cumplió el objetivo que justificó su creación? Si la promesa era llegar a todo México y cinco años después sigue concentrado en una parte de la capital, la respuesta parece claramente insuficiente.
El caso sirve para discutir una pregunta más amplia sobre empresas estatales. El Gobierno regula mercados, define permisos, establece políticas energéticas y, en algunos casos, también compite directamente dentro de ellos. Eso puede tener ventajas. El Estado puede invertir donde un privado no quiere hacerlo o utilizar su escala para estabilizar precios.
Pero también puede generar conflictos. Una empresa pública puede recibir recursos, infraestructura o decisiones regulatorias favorables que un competidor privado no tiene. Y aun con esas ventajas, puede no ser eficiente. Por eso no basta con decir que una empresa es pública para asumir que sirve al interés social.
Necesita objetivos medibles. Gas Bienestar debería publicar con claridad cuántas familias atiende, cuánto ahorran frente a alternativas privadas, cuánto cuesta cada operación y qué plan de expansión existe.
Si no habrá expansión, también debería reconocerse. El debate se vuelve relevante porque el Gobierno ha impulsado o heredado otros proyectos empresariales: Mexicana de Aviación, LitioMx, Tren Maya, Corredor Interoceánico y AIFA, entre otros.
No todos son comparables. Un aeropuerto no funciona igual que una distribuidora de gas. Una empresa de litio no tiene el mismo objetivo que una aerolínea. Pero todos comparten una pregunta: ¿cómo se evalúa éxito cuando el dueño es el Estado?
La respuesta no puede ser únicamente “porque es estratégico”. Debe incluir costos, usuarios, impacto y resultados.
También resulta interesante que Olinia se plantee con un esquema mixto. Eso puede indicar una búsqueda de capital y conocimiento privado para reducir riesgos.
Quizá el aprendizaje es que el Estado no necesita hacerlo todo solo.
Puede regular, invertir, asociarse o intervenir cuando existe falla de mercado.
Pero competir directamente implica otra disciplina.
Gas Bienestar prometió cambiar el mercado nacional.
Cinco años después, la historia todavía parece mucho más pequeña que la promesa.
Eso merece una evaluación seria, no solamente un eslogan. La discusión tampoco debería reducirse a privatizar todo o estatizar todo. Existen empresas públicas exitosas y privadas ineficientes. La diferencia está en gobernanza, objetivos, rendición de cuentas y capacidad técnica. Cuando un proyecto público falla, ocultar los números por razones ideológicas impide aprender. Evaluarlo con datos es la mejor forma de decidir qué conservar, corregir o cerrar.
