Un exfuncionario de Guasave fue detenido en Utah dentro de un caso de fentanilo y un antiguo asesor político relacionado con Rocha fue identificado en una fosa clandestina.
La salida de Rubén Rocha Moya del gobierno de Sinaloa no detiene las noticias relacionadas con personas que pasaron por estructuras políticas de su estado. En pocos días aparecieron dos historias graves: la detención en Estados Unidos de Ricardo Verduzco Bernal y la identificación de los restos de Carlos Alberto Beltrán Olmeda.
Los casos son distintos y no deben mezclarse como si formaran parte de una misma investigación.
Verduzco fue director del Deporte de Guasave entre 2021 y 2024 y fue detenido en Utah dentro de una investigación relacionada con una red donde las autoridades aseguraron aproximadamente 204 mil pastillas de fentanilo. Será el proceso estadounidense el que determine su responsabilidad.
Beltrán Olmeda, por otro lado, fue asesor político de distintos funcionarios sinaloenses y tuvo relación profesional con Rocha. Había desaparecido en junio y sus restos fueron identificados después de ser localizados en una fosa en Baja California Sur. Hasta ahora no existe un móvil público confirmado que permita explicar su muerte.
Ninguno de esos hechos demuestra responsabilidad de Rocha.
Decirlo es indispensable.
La política, sin embargo, funciona también con contextos. Y el contexto alrededor del exgobernador es cada vez más difícil.
Rocha dejó el cargo después de acusaciones estadounidenses, investigaciones financieras y una crisis de seguridad prolongada. Ahora aparecen nuevos casos relacionados con personas que alguna vez formaron parte de gobiernos o redes políticas sinaloenses.
Eso aumenta la necesidad de investigaciones independientes.
El peor error sería utilizar cada nueva detención o muerte como prueba automática de una gran teoría conspirativa. El segundo peor error sería tratar cada caso como una coincidencia irrelevante sin revisar posibles vínculos.
Las fiscalías tienen que hacer exactamente lo contrario a las redes sociales: separar hechos, investigar conexiones y concluir solamente cuando exista evidencia.
La detención en Utah también refleja la dimensión internacional del tráfico de fentanilo. No basta con mirar laboratorios o decomisos dentro de México. Las redes de distribución operan en distintos estados estadounidenses y utilizan contactos locales, financieros y logísticos.
La muerte de Beltrán plantea otro problema: la violencia contra personas relacionadas con estructuras políticas y de gobierno.
Sinaloa necesita saber quién lo asesinó, por qué y si su trayectoria profesional tiene relación con el crimen.
En un momento donde el estado discute quién debe gobernarlo, la transparencia sobre estos casos es todavía más importante.
No porque todos lleven inevitablemente a Rocha.
Sino porque la confianza pública está rota.
Cada expediente incompleto alimenta rumores.
Cada silencio institucional aumenta sospechas.
Rocha pidió licencia.
Los casos alrededor de su entorno no tienen esa posibilidad.
Van a seguir avanzando, y las autoridades tienen la obligación de dejar claro qué está conectado, qué no y quién debe responder por cada hecho.
Sinaloa necesita menos insinuaciones.
Y muchas más conclusiones judiciales. El próximo gobierno de Sinaloa tendrá que convivir con estos expedientes sin caer en dos extremos: proteger a antiguos funcionarios por lealtad política o utilizar investigaciones para una purga partidista. La única salida sostenible es permitir que cada caso avance con autonomía y que los resultados se conozcan aunque incomoden a cualquier grupo.
