Silvano Francisco Mariano, “El Rayo”, fue sentenciado en Estados Unidos y aceptó colaborar con fiscales. No está confirmado que vaya a testificar contra Rubén Rocha Moya, pero su cooperación puede alimentar expedientes relacionados con Sinaloa y con estructuras criminales investigadas por autoridades estadounidenses.
La sentencia contra “El Rayo” importa menos por los años de prisión que por una palabra clave: cooperación. Estados Unidos lo identifica como un operador ligado a laboratorios de fentanilo de Los Chapitos y, según los reportes, aceptó colaborar con autoridades en futuros procesos. Eso lo convierte potencialmente en una fuente de información sobre rutas, estructuras, personas y operaciones que quizá todavía no aparecen en documentos públicos.
El punto más delicado es evitar brincar demasiado rápido de esa cooperación a una conclusión específica sobre Rocha Moya. No está confirmado que “El Rayo” vaya a declarar directamente contra el exgobernador ni que posea información que lo vincule personalmente con actividades criminales. Presentarlo como hecho sería adelantarse a un proceso que, por ahora, solo puede estar abriendo nuevas líneas de investigación.
Aun así, políticamente el momento es importante. Sinaloa acaba de cambiar de liderazgo y Graciela Domínguez intenta proyectar una etapa distinta. Su gobierno necesita recuperar gobernabilidad, seguridad y confianza institucional, pero mientras ella habla de paz y de una nueva conducción, en Estados Unidos siguen avanzando expedientes relacionados con personas y estructuras que operaron durante los años de Rocha. Eso significa que el cambio de titular no elimina el pasado, porque las investigaciones seguirán caminando independientemente de quién ocupe Palacio de Gobierno.
La cooperación de acusados es una herramienta habitual en el sistema estadounidense. A cambio de beneficios procesales o recomendaciones de sentencia, una persona puede entregar información útil, identificar participantes o explicar cómo funcionaba una red. Sin embargo, el valor de esa información depende de que pueda corroborarse. Un testigo que busca reducir su condena también tiene incentivos para hablar, por lo que sus dichos no deben tomarse automáticamente como verdad. Los fiscales necesitan documentos, registros, comunicaciones, movimientos financieros u otros testimonios que respalden lo que declare.
En México la exigencia debería ser exactamente la misma. Si Estados Unidos obtiene nuevos datos sobre funcionarios o exfuncionarios sinaloenses, la Fiscalía General de la República tendría que pedirlos, analizarlos y, si son sólidos, investigar. Si no existen pruebas suficientes, también debe decirlo con claridad, porque dejar el tema en el terreno de rumores, filtraciones o versiones incompletas solo prolonga la incertidumbre pública.
El problema para Sinaloa es que cada nuevo colaborador puede mantener abierta la presión política. Hoy es “El Rayo”, mañana puede ser otro operador y, mientras no exista una conclusión institucional, el estado seguirá atrapado entre expedientes extranjeros, sospechas públicas y desgaste interno. La nueva gobernadora no puede controlar lo que digan los fiscales estadounidenses, pero sí puede garantizar que su administración no obstruya investigaciones y que cualquier información solicitada sea entregada conforme a la ley.
Esa sería la mejor forma de demostrar que realmente comenzó una etapa nueva. Cambiar a quien gobierna es relativamente sencillo; lo difícil es demostrar que también cambiaron las reglas con las que se gobierna.
También será clave saber si la cooperación de “El Rayo” ya produjo beneficios verificables para los fiscales o si apenas comienza. Una reducción de pena puede explicarse por distintos factores y no necesariamente por una sola declaración. Por eso conviene observar documentos judiciales futuros y cualquier referencia explícita a personas, cargos o hechos en Sinaloa antes de convertir una cooperación procesal en una acusación política directa.
