Enrique Inzunza conservaría su lugar en el Senado, pero quedaría fuera de la bancada de Morena y perdería posiciones internas después de negarse a pedir licencia.
La decisión de apartar a Enrique Inzunza de la bancada de Morena muestra una estrategia política bastante clara: reducir el costo colectivo de un problema individual sin quitarle un cargo que jurídicamente todavía conserva.
Inzunza puede seguir siendo senador mientras no exista una resolución que lo suspenda o lo obligue a separarse. Su escaño deriva de una elección y no depende únicamente de la voluntad de su grupo parlamentario. Pero permanecer como senador no significa que Morena esté obligada a mantenerlo dentro de su bancada ni a conservarle posiciones internas.
Ahí está la diferencia.
El partido parece haber decidido que, si Inzunza insiste en volver, lo haga bajo su propia responsabilidad política.
Eso tiene consecuencias concretas.
Quedar sin grupo parlamentario reduce influencia, acceso a acuerdos internos y capacidad de operar dentro de las estructuras legislativas que antes controlaba. Perder la presidencia de una comisión también disminuye poder institucional.
El mensaje es fuerte porque ocurre después del episodio de Rubén Rocha Moya.
Rocha intentó regresar a la gubernatura y recibió un deslinde rápido desde la Presidencia y Morena. Ahora Inzunza plantea volver al Senado y encuentra una respuesta preventiva: no necesariamente se le impide entrar, pero el partido intenta evitar que su regreso se interprete como respaldo político.
Eso permite a Morena decir dos cosas al mismo tiempo.
Primero: respetamos la presunción de inocencia y no retiramos automáticamente a alguien por señalamientos estadounidenses.
Segundo: tampoco queremos cargar como bancada con el costo de esos señalamientos.
Esa posición puede ser pragmática, pero también abre preguntas.
Si el partido considera suficientemente grave la situación para expulsarlo de su grupo, ¿por qué no le pide formalmente licencia?
Y si considera que debe mantenerse la presunción de inocencia, ¿por qué retirarle posiciones antes de que exista una resolución?
La respuesta probablemente está en la política, no en el derecho.
Los partidos administran riesgos de imagen.
Inzunza representa hoy un riesgo.
También conviene evitar afirmar que “Morena lo declaró culpable”. No ocurrió eso. Apartarlo de una bancada es una decisión política interna, no una sentencia.
Él conserva derecho a defenderse y a ejercer mientras la ley se lo permita.
La pregunta es qué hará con ese margen.
Puede regresar y utilizar el Senado para sostener públicamente su defensa.
Puede pedir licencia más adelante si la presión aumenta.
O puede quedar políticamente aislado durante meses.
En cualquier escenario, el episodio confirma que el grupo construido alrededor de Rocha está perdiendo espacios.
Primero el gobierno de Sinaloa.
Ahora una posición dentro del Senado.
Eso no prueba delitos.
Sí demuestra debilitamiento.
Y en política, perder aliados suele ser la primera señal de que un problema dejó de ser temporal. Para Morena, la jugada también sirve como mensaje hacia otros cuadros: el partido puede defender el debido proceso sin comprometer toda su estructura con una persona cuestionada. La pregunta será si aplicará el mismo criterio en otros casos similares o si esta decisión fue excepcional por el costo político que ya dejó la crisis de Sinaloa.
