El senador salió de la bancada y continuará como independiente; la decisión reduce el costo para Morena, pero no modifica los señalamientos ni la discusión sobre si debería pedir licencia.
La salida de Enrique Inzunza de la bancada de Morena resuelve un problema administrativo para el partido, pero no el problema político que lo rodea.
Inzunza continuará siendo senador.
Mantendrá su escaño.
Podrá votar.
Podrá intervenir en el trabajo legislativo.
Lo que cambia es su relación formal con Morena.
Ese movimiento permite al partido tomar distancia sin obligarlo jurídicamente a separarse del cargo. Es una solución conveniente para ambos lados: Morena reduce el costo reputacional de tenerlo dentro de su grupo y el senador conserva la posición desde la cual pretende defenderse.
Pero la pregunta de fondo sigue exactamente igual.
¿Debería pedir licencia mientras se aclaran los señalamientos que enfrenta?
Inzunza sostiene que no existe razón para hacerlo porque no ha sido condenado ni enfrenta, hasta donde se ha hecho público en México, una resolución que lo obligue a dejar el puesto.
Ese argumento tiene fundamento.
La presunción de inocencia no desaparece porque una acusación sea políticamente incómoda.
Pero también existe una dimensión de responsabilidad pública.
Un senador no es un ciudadano cualquiera en términos de poder institucional. Participa en decisiones nacionales y cuenta con protecciones constitucionales vinculadas al cargo.
Por eso varios compañeros de Morena consideraban prudente una licencia.
No porque equivaliera a aceptar culpabilidad.
Sino porque permitiría separar su defensa personal de las funciones legislativas.
La carta con la que explicó su decisión utiliza un lenguaje cargado de referencias históricas, principios constitucionales, soberanía y honor. El tono busca convertir su permanencia en una defensa institucional y no en un acto de resistencia personal.
Eso es políticamente inteligente.
Pero no necesariamente suficiente.
Salir de Morena tampoco borra su trayectoria dentro del grupo político de Rubén Rocha Moya. La relación con el gobierno sinaloense forma parte de su biografía y seguirá siendo relevante aunque ahora aparezca como senador independiente.
Aquí está el dilema para Morena.
Si Inzunza fuera simplemente víctima de acusaciones sin sustento, expulsarlo podría parecer cobardía política.
Si existen elementos serios todavía no resueltos, mantenerlo dentro de la bancada implicaría cargar con un costo que el partido ya no quiere asumir.
La decisión tomada parece decir:
“defiéndete, pero hazlo solo”.
Eso puede proteger al grupo parlamentario.
No aclara los hechos.
El siguiente paso importante no ocurrirá en el Senado, sino en las investigaciones.
Si aparecen pruebas, deberán procesarse.
Si no aparecen, también deberá reconocerse.
Mientras tanto, Inzunza seguirá teniendo voz, voto y cargo.
Y esa permanencia garantiza que el tema continúe.
Porque cambiar de bancada puede modificar dónde te sientas.
No modifica automáticamente aquello de lo que tienes que responder. La separación también puede tener efectos legislativos concretos. Un senador independiente pierde parte de la estructura que ofrece un grupo parlamentario, desde espacios en comisiones hasta capacidad de negociación interna. Eso no elimina su voto, pero sí reduce su peso político cotidiano. Además, Morena tendrá que explicar si la salida fue una decisión acordada o una ruptura definitiva. La diferencia importa porque, en política, abandonar una bancada puede ser una sanción, una estrategia de protección mutua o simplemente una forma de ganar tiempo mientras avanzan las investigaciones.
