La aparición del expresidente junto a Avishai Neriah en una boda en Italia no prueba irregularidades, pero reabre una historia de contratos, espionaje y presuntos sobornos que todavía exige transparencia.
Una fotografía tomada en una boda privada no constituye una prueba judicial, pero puede tener un enorme peso político cuando reúne a personas vinculadas por una historia que nunca terminó de aclararse. Enrique Peña Nieto reapareció en Portofino, Italia, sentado junto al empresario israelí Avishai Neriah, señalado en investigaciones periodísticas y judiciales relacionadas con la comercialización del software Pegasus en México. El expresidente ha rechazado acusaciones sobre presuntos sobornos y su presencia junto a Neriah puede responder simplemente a una relación personal. Esa posibilidad debe reconocerse. Pero también sería ingenuo pretender que la imagen no tiene contexto.
Pegasus quedó asociado al sexenio de Peña Nieto por investigaciones que documentaron intentos de espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y figuras públicas. Carmen Aristegui y miembros de su entorno estuvieron entre los casos más conocidos. El escándalo no se limitó al debate sobre seguridad nacional; abrió una pregunta más profunda sobre el uso de herramientas de vigilancia desarrolladas para combatir amenazas graves y utilizadas potencialmente contra críticos del poder. La reaparición de Peña junto a un intermediario señalado por presuntos pagos vinculados con contratos revive ese expediente porque muchas preguntas siguen abiertas: quién autorizó las adquisiciones, qué dependencias utilizaron el sistema, contra quién se desplegó y qué mecanismos de control existían.
También conviene evitar la simplificación partidista. Pegasus no desapareció con el cambio de gobierno de 2018. Durante la administración de López Obrador se documentaron nuevos ataques y organizaciones civiles han litigado para obligar a dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional a transparentar contratos y documentación relacionada con sistemas de vigilancia. Esa continuidad demuestra que el problema es institucional, no exclusivamente priista. La tecnología de espionaje ofrece una tentación enorme a cualquier gobierno porque funciona lejos de la vista pública y puede justificarse bajo argumentos de seguridad. Precisamente por eso necesita controles judiciales y mecanismos de rendición de cuentas mucho más estrictos.
Convertir la fotografía de Portofino en prueba automática de corrupción sería irresponsable. Ignorarla como una simple coincidencia social también sería perder la oportunidad de recordar un caso que México nunca terminó de esclarecer de forma satisfactoria. Las amistades privadas no son delitos, pero cuando un expresidente mantiene cercanía con empresarios vinculados a contratos polémicos durante su administración, el interés público es legítimo. El verdadero problema no es la kipá, la boda ni el lugar donde se tomó la imagen. Es que, años después del escándalo, todavía conocemos más sobre quién estaba sentado junto a quién en Italia que sobre quién ordenó espiar a ciudadanos mexicanos y con qué autorización. La discusión también debería incluir el marco legal mexicano sobre vigilancia.
Un software con capacidades tan intrusivas no debería depender únicamente de la voluntad de una dependencia o del criterio de funcionarios que operan bajo secreto. La intervención de comunicaciones requiere controles constitucionales precisamente porque afecta derechos fundamentales. Si Pegasus u otras herramientas similares siguen contratándose, el país necesita saber qué autoridad las opera, bajo qué autorización judicial, con qué auditorías y qué sanciones existen cuando se utilizan contra objetivos ajenos a investigaciones legítimas. Sin esas respuestas, cada nueva fotografía vinculada con viejos intermediarios seguirá reviviendo sospechas que el Estado nunca consiguió cerrar con transparencia.
