La deuda bruta del sector público pasó de 11 billones de pesos en 2018 a 20.6 billones en julio de 2026; descontando inflación, el incremento real es de 32.6%, mientras Hacienda defiende que la trayectoria sigue siendo sostenible.
La promesa de no aumentar la deuda pública en términos reales fue uno de los compromisos más repetidos de Andrés Manuel López Obrador durante los primeros años de su gobierno. Ocho años después, los datos obligan a revisar aquella afirmación con una perspectiva menos política y más contable. En diciembre de 2018, la deuda bruta del sector público federal se ubicaba en aproximadamente 11 billones de pesos. Para julio de 2026 alcanzó 20.6 billones. Una parte importante de ese salto corresponde a inflación y crecimiento nominal de la economía, pero incluso descontando ese efecto el incremento real desde el inicio de la Cuarta Transformación es de 32.6%, de acuerdo con cifras de Hacienda citadas por Reforma. El dato no significa automáticamente que México esté al borde de una crisis fiscal. La propia Secretaría de Hacienda señala que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros se mantiene alrededor de 51.5% del PIB y sostiene que la trayectoria es sostenible, con acceso a financiamiento y grado de inversión. El problema está en la distancia entre la promesa política y la realidad presupuestaria. Gobernar cuesta más cuando el Estado amplía pensiones, transferencias sociales, infraestructura, empresas públicas y programas permanentes. Las pensiones constituyen una presión creciente que no desaparecerá con un cambio de administración. Los megaproyectos también generan gastos posteriores a su construcción: mantenimiento, subsidios, operación y nuevas inversiones para alcanzar niveles de utilización previstos. Endeudarse para financiar infraestructura productiva puede ser perfectamente razonable si esa inversión genera crecimiento, ingresos o servicios públicos de largo plazo. Endeudarse para cubrir gasto corriente de manera permanente es mucho más delicado. Por eso la discusión correcta no es simplemente si la deuda aumentó, porque aumentó. La pregunta es qué recibió el país a cambio y si los ingresos futuros serán suficientes para pagar obligaciones sin desplazar salud, educación, seguridad u otras prioridades. También conviene evitar comparaciones simplistas entre gobiernos sin considerar tamaño de la economía, tasas de interés, inflación y choques extraordinarios. Pero esos matices no deberían utilizarse para borrar una promesa que fue explícita. Si el modelo de bienestar elegido requiere más deuda, el gobierno debería reconocerlo y explicar por qué considera sostenible ese costo. La transparencia fiscal es más útil que fingir que el endeudamiento no existe. México todavía conserva márgenes que otros países perdieron hace tiempo, pero esos márgenes no son infinitos. Cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que deja de utilizarse en otra prioridad. La 4T construyó buena parte de su legitimidad sobre la idea de hacer más sin endeudar. Los números muestran que esa ecuación fue mucho más difícil de sostener cuando llegó el momento de pagar la cuenta. El crecimiento de la deuda también obliga a mirar el costo financiero. Un país puede mantener un nivel de deuda manejable y aun así destinar cantidades cada vez mayores al pago de intereses cuando las tasas son elevadas. Ese gasto no construye hospitales, carreteras ni escuelas; simplemente cubre el costo de haber utilizado recursos antes. Por eso la sostenibilidad no se mide únicamente como porcentaje del PIB. También importa cuánto del presupuesto anual se destina al servicio de obligaciones previas y cuánto espacio queda para enfrentar una recesión, un desastre natural o una crisis internacional. La discusión debería abandonar el reflejo de presentar toda deuda como irresponsabilidad o toda deuda como inofensiva. La pregunta útil es qué capacidad productiva y social quedó detrás de cada peso prestado.
