El senador volvió después de 124 días, ya fuera de la bancada de Morena, pero fue recibido con abrazos por legisladores oficialistas mientras la oposición lo confrontó con acusaciones de ‘narcosenador’.
El regreso de Enrique Inzunza al Senado después de 124 días de ausencia resume una de las paradojas políticas más incómodas del momento. Formalmente ya no pertenece a la bancada de Morena y ha explicado que su salida buscó evitar que las acusaciones que enfrenta dañaran a la llamada Cuarta Transformación. En los hechos, sin embargo, su retorno mostró una cercanía evidente con legisladores morenistas y aliados que lo recibieron con abrazos, apretones de mano y gestos de respaldo. Esa diferencia entre la etiqueta parlamentaria y la relación política es precisamente lo que la oposición utilizó para cuestionar si la separación realmente representa un deslinde o únicamente una medida de control de daños. La priista Paloma Sánchez colocó en su escaño un mensaje con la palabra “narcosenador”, mientras Lilly Téllez lo confrontó públicamente y transmitió parte del momento en vivo. Son acusaciones extremadamente graves que no equivalen a una sentencia y deben distinguirse de los hechos judicialmente acreditados. Inzunza respondió negando cualquier vínculo con el narcotráfico y aseguró que después de más de cuatro meses no se ha presentado una prueba concluyente en su contra dentro de México. Esa defensa merece ser considerada bajo el principio de presunción de inocencia, pero tampoco cancela la responsabilidad política de explicar por qué un senador señalado por autoridades estadounidenses puede conservar su cargo mientras las investigaciones siguen abiertas. Morena enfrenta un dilema parecido. Si lo abraza públicamente, asume parte del costo político. Si lo abandona por completo sin que exista una sentencia, corre el riesgo de parecer que condena antes que los tribunales. Por eso la solución escogida parece ser mantener una distancia administrativa sin romper los vínculos personales y políticos. El problema es que esa fórmula puede resultar demasiado ambigua para una ciudadanía que pide claridad. Salirse de una bancada no modifica el fuero, no borra la trayectoria compartida con el gobierno de Sinaloa ni convierte automáticamente al legislador en un actor ajeno al movimiento. Tampoco debería interpretarse como prueba de culpabilidad. Lo que sí deja claro es que la discusión seguirá acompañándolo mientras conserve el escaño. La salida institucional más sólida sería una investigación rápida, transparente y técnicamente sustentada que determine si las acusaciones tienen fundamento. Si no existen pruebas, el Estado debe decirlo con la misma contundencia con la que se difundieron los señalamientos. Si existen elementos suficientes, deben procesarse sin privilegios. El Senado no debería convertirse ni en tribunal mediático ni en refugio político. La verdadera prueba será demostrar si las instituciones pueden investigar a una figura de alto perfil sin someterse al ruido partidista que rodea el caso. También existe una dimensión parlamentaria que merece atención. Un legislador independiente conserva facultades, voto y tribuna, pero pierde parte de la estructura de un grupo parlamentario. Eso significa que Inzunza tendrá menos respaldo formal dentro de la Cámara, aunque las imágenes de su regreso muestran que todavía mantiene relaciones políticas importantes. Para Morena, esa cercanía puede convertirse en problema si el caso escala jurídicamente. Para la oposición, exagerar acusaciones sin pruebas también tiene riesgos: si la investigación no prospera, las descalificaciones pueden terminar fortaleciendo la narrativa de persecución que el propio senador utiliza. La salida responsable sigue siendo la misma: menos consignas y una definición institucional rápida sobre el expediente.
