El director de Birmex reportó dos departamentos adquiridos de contado; PAN exige investigación patrimonial y el PRI plantea una comparecencia.
La discusión sobre el patrimonio de Carlos Ulloa, director de Birmex, no debería resolverse con una defensa automática del gobierno ni con una condena anticipada de la oposición. El punto central es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: un funcionario que administra una institución vinculada con compras multimillonarias de medicamentos debe poder explicar con precisión y documentación el origen de un patrimonio que incluye dos departamentos adquiridos por un valor conjunto de 22.4 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que los bienes fueron declarados y que no existe, hasta ahora, una irregularidad comprobada. Esa aclaración es pertinente, pero insuficiente. Declarar una propiedad significa incorporarla a los registros patrimoniales correspondientes; no necesariamente demuestra por sí sola que la evolución del patrimonio sea congruente con los ingresos, los ahorros, las herencias y las operaciones de compraventa reportadas por el funcionario. Ulloa ha explicado que los recursos provienen de salarios, ahorros, venta de inmuebles y herencias familiares. Esa versión puede ser perfectamente legítima, pero precisamente por la relevancia de su cargo debería estar acompañada de información verificable que cierre cualquier espacio a la especulación. La oposición, por supuesto, también carga con una responsabilidad. Pedir una auditoría patrimonial o una comparecencia es válido; convertir el caso en una sentencia política antes de que exista una revisión seria sería repetir las mismas prácticas que durante años se criticaron al oficialismo. El debate merece además una precisión importante: comprar “de contado” no equivale necesariamente a pagar con efectivo físico. Una operación inmobiliaria puede liquidarse sin crédito mediante transferencias bancarias, recursos provenientes de otras ventas o instrumentos financieros. Presentar la frase como si implicara automáticamente maletas de dinero sería engañoso. Lo que sí resulta razonable cuestionar es si la trayectoria de ingresos y activos del funcionario corresponde con el valor de esas adquisiciones. La sensibilidad del caso aumenta porque Birmex ocupa un lugar estratégico en el sistema de salud y ha estado en el centro de compras, distribución y logística de medicamentos, un sector que ha sufrido desabasto, cambios de modelo y acusaciones cruzadas durante varios años. En ese contexto, la exigencia de transparencia debe ser mayor, no menor. El gobierno tendría mucho más que ganar ordenando una revisión patrimonial clara y publicando sus conclusiones que limitándose a insistir en que todo está declarado. Si las compras son legales y están plenamente justificadas, una auditoría independiente fortalecería a Ulloa. Si existen inconsistencias, el Estado tendría la obligación de investigarlas. La austeridad republicana pierde credibilidad cuando se usa como eslogan moral, pero se evita explicar con detalle el patrimonio de quienes administran recursos públicos. La transparencia no debe depender de si el funcionario pertenece al gobierno en turno; debe ser una regla que se aplique igual a todos. También sería deseable que esta discusión abra una regla más amplia para todos los altos funcionarios: revisiones patrimoniales periódicas, accesibles y comparables, especialmente en dependencias que manejan contrataciones de gran escala. La transparencia no debería activarse únicamente cuando un medio publica una investigación o cuando la oposición encuentra un caso políticamente rentable. Si el gobierno institucionaliza estos controles, casos como el de Ulloa podrían resolverse con datos antes de convertirse en crisis de credibilidad.
