Morena pidió esperar al Paquete Económico del 8 de septiembre antes de asumir que habrá un aumento al IEPS de cerveza o productos con exceso de sodio.
La posibilidad de modificar el IEPS aplicado a la cerveza y a productos con exceso de sodio rumbo al Paquete Económico 2027 vuelve a colocar al gobierno frente a una discusión que suele presentarse como sanitaria, pero que también es profundamente fiscal. Los impuestos especiales tienen dos objetivos posibles: desincentivar consumos asociados con daños a la salud o generar recaudación adicional. El problema aparece cuando ambos argumentos se mezclan sin transparencia. Si el gobierno pretende aumentar el gravamen a ciertos productos porque busca reducir enfermedades relacionadas con alcohol, sodio u otros factores de riesgo, debería explicar qué evidencia respalda la medida, cuánto podría disminuir el consumo y qué parte de los recursos recaudados se destinaría a prevención y atención médica. Si el objetivo principal es recaudar más para cerrar presiones presupuestales, también debería decirlo con claridad. Hasta ahora, Ricardo Monreal ha pedido cautela y ha señalado que no existe un acuerdo aprobado, por lo que sería incorrecto afirmar que la cerveza o determinados alimentos ya subirán de precio por una nueva tasa. La fecha relevante será el 8 de septiembre, cuando Hacienda entregue el Paquete Económico y pueda revisarse la propuesta formal. Aun así, el ruido previo no es irrelevante. México enfrenta necesidades crecientes de gasto en salud, pensiones, programas sociales, deuda e infraestructura, mientras el margen fiscal continúa siendo limitado. En ese contexto, los impuestos al consumo son atractivos porque permiten recaudar con relativa rapidez, pero tienen un costo político evidente y pueden ser regresivos si afectan proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos. En el caso de productos con alto contenido de sodio, además, el diseño sería particularmente delicado. No todos los alimentos procesados tienen el mismo peso en la dieta de las familias ni existen sustitutos igualmente accesibles en todas las regiones. Gravar sin acompañar la medida de políticas de información, acceso a alimentos saludables y vigilancia de precios puede terminar convirtiendo un objetivo sanitario en una simple transferencia de recursos al fisco. Con la cerveza ocurre algo parecido. Un aumento al IEPS puede trasladarse al precio final y modificar patrones de consumo, pero también puede incentivar sustituciones hacia productos informales o de menor calidad si el diferencial se vuelve demasiado alto. La discusión responsable no debe ser “impuesto sí” o “impuesto no”, sino para qué se cobra, cómo se calcula y qué resultados se esperan. La política fiscal pierde legitimidad cuando el ciudadano siente que cada problema público termina resolviéndose con un nuevo gravamen. Si Hacienda plantea cambios, tendrá que demostrar que no son únicamente una forma fácil de recaudar más, sino parte de una estrategia coherente con objetivos de salud y finanzas públicas. También será importante observar la reacción de la industria. Las empresas suelen trasladar parte de los impuestos al consumidor, pero también pueden reformular productos, modificar presentaciones o ajustar estrategias de precio. Si el gobierno diseña el gravamen únicamente pensando en la recaudación esperada y no anticipa esas respuestas, las cifras oficiales pueden terminar alejándose de la realidad. Una política fiscal seria necesita estimaciones transparentes, evaluación posterior y disposición para corregir medidas que no produzcan los resultados prometidos.
