El abogado ligado a la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada protagonizó un altercado en Polanco y el video revivió sanciones de Estados Unidos y antiguas polémicas políticas.
El altercado protagonizado por Juan Pablo Penilla afuera de un restaurante en Polanco sería una anécdota menor si no fuera porque el abogado carga con un expediente público que convierte cualquier exposición mediática en un asunto de interés más amplio. El video en el que se le escucha discutir con personal del establecimiento y lanzar la conocida frase “¿sabes quién soy?” se volvió viral precisamente porque condensa una forma de comportamiento asociada con privilegio, poder y la expectativa de recibir un trato distinto. Sin embargo, reducir la historia a una escena de prepotencia también sería quedarse en la superficie. Penilla ha estado relacionado profesionalmente con la defensa de Ismael “El Mayo” Zambada y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo señaló por prestar servicios al Cártel del Noreste que, según la autoridad estadounidense, irían más allá de una representación jurídica ordinaria. Esa sanción no equivale a una sentencia penal mexicana, pero sí constituye un antecedente oficial que merece ser mencionado cuando el personaje reaparece en la conversación pública. También han circulado fotografías, reconocimientos y versiones sobre vínculos políticos. Morena ha negado que Penilla haya sido asesor formal de su campaña, por lo que presentar esa relación como un hecho comprobado sería incorrecto. Lo que sí puede cuestionarse es la facilidad con la que personajes con trayectorias polémicas logran acercarse a espacios políticos, legislativos o institucionales y después son tratados como desconocidos cuando aparecen problemas. México tiene una larga tradición de relaciones informales entre abogados, empresarios, operadores políticos y figuras públicas que rara vez dejan un rastro administrativo claro, pero que terminan generando fotografías, reconocimientos y contactos difíciles de explicar. El episodio de Polanco, en ese sentido, funciona como detonador de una conversación más importante: ¿qué responsabilidad tienen las instituciones y los partidos al entregar legitimidad pública a personas cuya trayectoria merece un escrutinio mayor? También conviene defender un principio básico. Ser abogado de una persona acusada o condenada no convierte automáticamente al defensor en cómplice; el derecho a una defensa legal es fundamental. El problema aparece cuando una autoridad financiera sostiene que determinados servicios excedieron esa función profesional. Ahí la discusión cambia y requiere respuestas precisas. Las redes sociales tienden a mezclarlo todo: una pelea por una mesa, una sanción del Tesoro, fotografías con políticos y una defensa criminal terminan convertidas en un solo juicio instantáneo. El periodismo debe hacer lo contrario: separar hechos, atribuciones y rumores. Aun así, Penilla dejó una lección involuntaria. En la era digital, preguntar “¿sabes quién soy?” ya no intimida necesariamente a nadie. Puede ser, más bien, la invitación para que millones de personas revisen exactamente quién eres, con quién has trabajado y qué dicen de ti los registros públicos. Las instituciones que lo han reconocido, invitado o recibido también deberían explicar con qué criterios lo hicieron, especialmente después de que una autoridad extranjera impuso sanciones. No se trata de cancelar retrospectivamente cualquier vínculo, sino de elevar los estándares de diligencia. En un país donde la frontera entre prestigio profesional, acceso político e influencia informal suele ser difusa, la transparencia sobre estas relaciones es una medida básica para evitar que el poder se disfrace de simple cercanía social.
