El exgobernador exigió pruebas sobre la presencia de cárteles en Querétaro y cuestionó qué resultados obtuvo Nieto desde la UIF si contaba con esa información.
La confrontación entre Francisco Domínguez y Santiago Nieto por la presencia de grupos criminales en Querétaro tiene una dimensión de seguridad pública, pero también una lectura electoral que sería ingenuo ignorar. Nieto ha sostenido que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen presencia en el estado desde 2020. Domínguez respondió exigiendo pruebas y planteó una pregunta políticamente incisiva: si Santiago conocía esa información cuando encabezaba la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué hizo con ella? El señalamiento es válido siempre que no se convierta en una simplificación. La UIF no es una fiscalía ni una corporación policial; su función principal es detectar operaciones financieras, bloquear recursos y generar inteligencia que pueda ser utilizada por otras autoridades. Por eso, evaluar el desempeño de Nieto exige revisar investigaciones, bloqueos de cuentas, denuncias presentadas y coordinación interinstitucional, no solamente preguntar cuántas organizaciones “desmanteló”. Sin embargo, también es cierto que quien construye una imagen pública alrededor de la inteligencia financiera debe aceptar que sus resultados sean examinados con el mismo rigor que sus declaraciones actuales. La otra mitad del debate corresponde a Domínguez y al PAN. Exigir pruebas sobre la presencia criminal es correcto, pero no puede convertirse en una estrategia para minimizar problemas de seguridad por conveniencia partidista. Querétaro ha sostenido durante años una narrativa de estabilidad y mejores indicadores respecto de otras entidades del país. Esa reputación es un activo económico y político, pero no debe convertirse en una razón para negar riesgos emergentes. Si existen células, operaciones logísticas, lavado de dinero o presencia de organizaciones nacionales, la obligación del gobierno es reconocerlas y enfrentarlas, no proteger una marca territorial. El intercambio ocurre, además, cuando la elección de 2027 ya comienza a ordenar los movimientos de ambos bloques. Nieto es una figura central de Morena en el estado y Domínguez conserva influencia dentro del PAN. Por eso cada declaración sobre seguridad funciona también como un mensaje de campaña anticipada. El riesgo es que un tema delicado termine reducido a una guerra de credenciales: uno presume experiencia federal; el otro presume resultados locales. Los ciudadanos necesitan algo más útil. Si Nieto tiene información, debe hacerla pública hasta donde la ley lo permita y entregarla a las autoridades competentes. Si Domínguez considera falso el diagnóstico, debe responder con datos verificables y no solamente con una exigencia de disculpa. La seguridad no debería decidirse por quién gana un intercambio de declaraciones. Querétaro necesita conocer con precisión qué organizaciones operan, en qué actividades están involucradas, qué capacidad tienen y qué resultados han producido las autoridades. Todo lo demás es campaña antes de tiempo. También hay una responsabilidad directa del gobierno estatal actual. El debate entre dos figuras que miran hacia 2027 no puede sustituir la información que deberían proporcionar las autoridades encargadas hoy de la seguridad. Si existen investigaciones federales, decomisos, detenciones o mapas de riesgo que permitan entender la presencia de organizaciones criminales, el gobierno debe comunicarlo con seriedad. La opacidad solamente deja el terreno libre para que cada aspirante acomode la realidad a su propia narrativa electoral.
