El PAN propone penas de 80 a 140 años para servidores públicos que colaboren con el crimen organizado; Ricardo Monreal adelantó que Morena no la respaldará en esos términos.
La propuesta del PAN para imponer penas de entre 80 y 140 años de prisión a servidores públicos que colaboren con organizaciones criminales tiene una enorme potencia política, pero su eficacia jurídica merece una discusión mucho más seria que la que permiten los eslóganes. El planteamiento parte de una preocupación legítima: cuando un funcionario utiliza información, recursos, instituciones o protección estatal para favorecer a un grupo criminal, el daño no es comparable con el de un ciudadano común. Se trata de una traición directa a la función pública y, en muchos casos, de una conducta que multiplica la capacidad de las organizaciones para operar con impunidad. Por eso tiene sentido discutir agravantes especiales, sanciones severas y mecanismos que impidan que el paso del tiempo borre responsabilidades. Sin embargo, fijar condenas de hasta 140 años corre el riesgo de convertir el debate penal en una competencia de cifras. México no padece una escasez de penas altas; padece, sobre todo, una enorme incapacidad para investigar, judicializar y obtener sentencias sólidas. Un castigo de 140 años sirve de poco si la Fiscalía no puede acreditar la relación entre un funcionario y una estructura criminal o si los expedientes se caen por investigaciones deficientes. Ricardo Monreal ha utilizado precisamente ese argumento para rechazar la propuesta en sus términos actuales y ha dicho que no es partidario de medidas “draconianas”. Su crítica puede ser jurídicamente razonable, pero políticamente Morena enfrenta una dificultad evidente: explicar por qué se opone a una iniciativa presentada bajo la etiqueta de castigar a “narcopolíticos”. El PAN construyó una propuesta que funciona también como trampa comunicacional. Si Morena vota en contra, la oposición podrá presentar ese rechazo como protección a funcionarios vinculados con el crimen, aunque las objeciones técnicas sean otras. Si Morena la respalda sin modificaciones, acepta la agenda y el marco discursivo de su adversario. El verdadero debate debería superar esa lógica partidista. ¿Qué conductas concretas se quieren sancionar? ¿Cómo se probaría que un funcionario colaboró de forma consciente con una organización? ¿Qué diferencia habría entre omisión, corrupción, encubrimiento y participación directa? ¿Qué autoridades investigarían y qué controles impedirían que una figura tan grave se utilice para perseguir adversarios políticos? La experiencia mexicana obliga a pensar también en ese riesgo. Una ley diseñada para castigar vínculos entre política y crimen puede ser indispensable, pero en manos de fiscalías partidizadas también puede convertirse en una herramienta de presión. El objetivo debería ser construir un tipo penal claro, proporcional y difícil de manipular, acompañado de capacidades reales de investigación financiera y patrimonial. La discusión no puede reducirse a quién está a favor o en contra de “140 años”. El problema de fondo es mucho más incómodo: México necesita demostrar que puede investigar y sancionar a los servidores públicos que protegen al crimen, sin importar si pertenecen al PAN, al PRI, a Morena o a cualquier otro partido. Si realmente se busca combatir la infiltración criminal en el Estado, la prioridad tendría que ser elevar la probabilidad de detección y castigo, no solamente aumentar el número de años escritos en el Código Penal. Eso requiere fiscalías profesionales, inteligencia financiera, protección a denunciantes, controles patrimoniales y mecanismos efectivos para seguir redes de dinero. Sin esas capacidades, 140 años pueden sonar contundentes en una conferencia de prensa, pero seguirán siendo una cifra espectacular en un sistema donde demasiados casos ni siquiera llegan a juicio.
