La muerte del diputado federal de Morena abre otro episodio delicado para Veracruz. Mientras circulan versiones contradictorias sobre lo ocurrido, la obligación de las autoridades es esclarecer el caso con rapidez, transparencia y sin convertir la investigación en terreno de especulación política.
La muerte de Zenyazen Escobar García coloca nuevamente a Veracruz frente a una escena que debería provocar algo más que comunicados de condolencias. Un diputado federal, exsecretario de Educación estatal y personaje reconocido dentro de Morena fue localizado sin vida este viernes 4 de septiembre en Puente Nacional, dentro de un vehículo y en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas completamente. Los primeros reportes periodísticos señalaron la existencia de una lesión producida por arma de fuego y la localización de un arma cerca del legislador; otras versiones oficiales preliminares han pedido no asumir todavía que se trató de una agresión contra él. La Fiscalía General de la República asumirá la investigación.
Precisamente ahí comienza la responsabilidad institucional. En un caso de esta naturaleza, la peor decisión sería permitir que las filtraciones sustituyan a las pruebas. En cuestión de minutos comenzaron a circular palabras como atentado, ejecución, ataque o suicidio sin que exista hasta ahora una conclusión forense pública que permita establecer con certeza qué ocurrió. Esa velocidad puede ser rentable para las redes sociales, pero es tóxica para una investigación criminal.
Zenyazen no era un ciudadano anónimo. Fue secretario de Educación durante el gobierno de Cuitláhuac García, diputado local y actualmente ocupaba una curul federal por Morena. Esa trayectoria hace inevitable que su muerte tenga consecuencias políticas y que cualquier vacío de información sea llenado rápidamente por adversarios, simpatizantes y teorías de todo tipo.
Por eso las autoridades tienen una obligación mayor de transparencia. No basta con pedir paciencia. Tendrán que explicar la mecánica de los hechos, resultados periciales, trayectoria del vehículo, horarios, comunicaciones previas y cualquier elemento que permita descartar o confirmar la participación de terceros.
Pero el caso también vuelve a tocar una herida más amplia: Veracruz lleva años intentando abandonar una reputación marcada por violencia política, desapariciones, asesinatos de autoridades locales y una profunda desconfianza hacia sus instituciones de justicia. Cada nuevo caso de alto perfil reactiva inmediatamente esa memoria colectiva. Y cuando la ciudadanía duda antes de conocer una investigación, esa desconfianza también es resultado de años de investigaciones inconclusas y explicaciones insuficientes.
Sería irresponsable convertir la muerte de Zenyazen en munición partidista antes de conocer las pruebas. También sería irresponsable utilizar su militancia para cerrar filas y pedir que nadie cuestione lo ocurrido.
La investigación debe llegar a una conclusión verificable, aunque esa conclusión resulte incómoda para cualquier actor político.
Hoy no sabemos con certeza qué provocó la muerte de Zenyazen Escobar. Y precisamente por eso la exigencia debe ser mayor.
Veracruz no necesita otra historia construida a partir de rumores. Necesita saber qué pasó, cómo pasó y por qué.
Y esta vez, las autoridades no deberían permitir que el silencio llegue primero que la verdad.
