La alcaldesa pide atención institucional y justicia por el caso Carlos Manzo mientras la Presidencia intenta evitar cualquier lectura electoral del encuentro.
El choque entre Grecia Quiroz y Claudia Sheinbaum resume uno de los dilemas más incómodos rumbo a 2027: cuándo termina la función pública y cuándo comienza la campaña. Sheinbaum sostiene que no debe reunirse con personas que tengan intención de competir electoralmente porque cualquier encuentro podría interpretarse como respaldo presidencial. La lógica, en abstracto, es defendible. Una presidenta debe evitar utilizar su posición para favorecer aspirantes y mantener distancia de procesos internos o electorales. El problema es que Grecia no está solicitando la reunión únicamente como figura política con aspiraciones. Es alcaldesa de Uruapan y, además, víctima indirecta del caso que terminó con la vida de su esposo, Carlos Manzo. Esa doble condición vuelve insuficiente una respuesta basada solamente en el calendario electoral. Grecia ha señalado que todavía no es candidata y que busca interlocución institucional. También acudió a la Fiscalía General de la República para pedir que la Federación atraiga la investigación, argumentando desconfianza hacia la Fiscalía de Michoacán y la posible intervención de organizaciones criminales. La solicitud merece una respuesta técnica, no partidista. Si existen razones jurídicas para que la FGR atraiga el caso, deben explicarse; si no las existen, también. Convertir todo contacto con Grecia en un posible acto de campaña corre el riesgo de politizar precisamente lo que se dice querer despolitizar. También hay una responsabilidad de la propia alcaldesa. Su creciente proyección electoral hace inevitable que cada movimiento sea leído en clave de 2027. Si quiere preservar la legitimidad de su exigencia de justicia, deberá separar claramente su papel institucional de cualquier construcción de candidatura. Esa frontera será cada vez más difícil conforme avance el calendario. El gobierno federal, por su parte, no puede utilizar esa ambigüedad como excusa para cerrar canales de diálogo. Las víctimas y autoridades locales tienen derecho a solicitar atención institucional aunque posteriormente compitan en elecciones. La solución no es negar reuniones, sino establecer reglas públicas, formatos institucionales y registros transparentes que eviten el uso electoral de esos encuentros. México ha padecido durante décadas la confusión entre gobierno y partido. Evitar repetirla es necesario. Pero corregir ese vicio no debe producir otro: tratar a cualquier figura con aspiraciones como si dejara de tener responsabilidades públicas o derechos de interlocución. En el fondo, el caso pone a prueba la capacidad de la Presidencia para distinguir entre respaldo político y atención institucional. Si Grecia solicita justicia, coordinación y esclarecimiento, la respuesta debería medirse por el contenido de la petición, no solamente por lo que pueda ocurrir dentro de un año en una boleta electoral. Además, la Presidencia debería explicar qué criterio utilizará en casos similares. Si una alcaldesa con aspiraciones futuras no puede ser recibida, ¿aplicará la misma regla a gobernadores, legisladores o funcionarios federales que también buscan candidaturas? La consistencia será clave para que la medida no parezca selectiva. La neutralidad electoral no se demuestra evitando toda fotografía incómoda, sino aplicando reglas iguales y transparentes. De lo contrario, cada reunión aceptada o negada terminará interpretándose como señal política.
