El exsecretario no está prófugo ni acusado en el citatorio referido; el episodio importa porque exhibe una contradicción institucional fácil de convertir en mensaje político.
El episodio alrededor de Rafael Ojeda Durán es un ejemplo de cómo una diligencia procesal puede transformarse en un problema político cuando la explicación institucional no alcanza a competir con una imagen sencilla. La defensa de Fernando Farías Laguna ha sostenido que no fue posible notificar al exsecretario de Marina para que compareciera como testigo dentro de un proceso relacionado con el llamado huachicol fiscal. Ojeda no aparece en este episodio como prófugo ni como acusado; esa precisión es indispensable para evitar una imputación falsa.
El conflicto de percepción surgió cuando reportes periodísticos afirmaron que el almirante en retiro frecuenta el Club Campestre de la Ciudad de México y juega golf los sábados. La escena es irresistible para la conversación pública: una institución que no logra entregar un citatorio frente a un personaje supuestamente visible en un espacio social conocido. La comparación puede ser simplista, pero funciona porque toca una debilidad recurrente de las instituciones mexicanas: procedimientos que, vistos desde fuera, parecen mucho más complicados de lo que deberían.
Ovaciones también publicó estimaciones sobre los costos de acceso y cuotas del club. Esas cantidades no deben presentarse como tarifas oficiales confirmadas, pues el club no las publica de manera abierta. Aun así, el elemento del golf inevitablemente reactiva el debate sobre austeridad, especialmente porque Ojeda formó parte del gabinete de un gobierno que convirtió esa palabra en bandera política.
El punto de fondo, sin embargo, no debería reducirse a si un exfuncionario juega un deporte caro. La pregunta institucional es por qué una comparecencia relevante dentro de un expediente de alto interés público no se concretó y qué gestiones se realizaron realmente para localizar al testigo.
La ironía vende mejor que el procedimiento, pero el procedimiento es lo importante. Si el Estado necesita la declaración de una figura pública, debe ser capaz de documentar con claridad cómo intentó notificarla. De lo contrario, cada ausencia terminará explicándose con chistes sobre el green, cuando lo que está en juego es la credibilidad del proceso.
