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La clínica detrás de la cirugía

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La muerte de Dulce María obliga a revisar no solo responsabilidades individuales, sino la forma en que operan y se anuncian servicios médicos privados.

La muerte de Dulce María después de someterse a una liposucción en Ciudad de México vuelve a colocar en primer plano un problema que se repite con demasiada frecuencia: la distancia entre la imagen comercial de algunos servicios estéticos y las condiciones reales en las que se practican procedimientos médicos invasivos.

De acuerdo con el testimonio de su familia, Dulce María encontró la clínica a través de redes sociales, acudió a una valoración en un domicilio y pagó aproximadamente 80 mil pesos. El día de la cirugía, sin embargo, el procedimiento habría sido realizado en otro inmueble de la colonia Del Valle. La familia afirma que ese segundo sitio no mostraba de manera visible la misma identidad comercial y que en el interior aparecía otro nombre.

La Fiscalía de Ciudad de México aseguró el inmueble y abrió una investigación. Hasta que las autoridades determinen responsabilidades, no es correcto afirmar que existió negligencia médica o una conducta delictiva específica. Pero sí hay preguntas verificables que deben resolverse: quién realizó la cirugía, qué especialidad tenía, qué permisos estaban vigentes, qué equipo de emergencia existía y por qué hubo un cambio de sede.

El caso también pone sobre la mesa la forma en que los pacientes eligen este tipo de procedimientos. Redes sociales, fotografías promocionales y testimonios pueden generar una sensación de confianza, pero no sustituyen la verificación de cédulas profesionales, certificaciones, avisos sanitarios o infraestructura hospitalaria.

Una cirugía estética sigue siendo una cirugía. La palabra “estética” puede hacer que el procedimiento parezca menor, pero los riesgos anestésicos, hemorrágicos y posoperatorios son reales.

La investigación debe esclarecer lo ocurrido con Dulce María sin adelantar culpabilidades. Pero incluso antes de que exista una conclusión penal, el caso ya deja una lección institucional: la supervisión sanitaria y la información accesible al paciente son tan importantes como la publicidad que convence a alguien de entrar a un quirófano.

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