La FGR negó que exista una orden de captura contra el empresario y también negó investigación contra Andy López Beltrán, contradiciendo reportes recientes.
El caso de Jorge Amílcar Olán muestra por qué la precisión es indispensable cuando se informa sobre procesos penales.
Durante varios días circularon reportes que aseguraban que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión contra el empresario. La versión adquirió fuerza porque Olán ha aparecido en investigaciones periodísticas sobre contratos públicos y relaciones empresariales. Sin embargo, Ernestina Godoy negó que exista actualmente una orden de captura y afirmó que tampoco hay una investigación u orden contra Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán.
La contradicción obliga a separar categorías que con frecuencia se mezclan en la conversación pública. Ser mencionado en una nota, aparecer en documentos empresariales o tener relación con personas investigadas no equivale a estar imputado. Una carpeta de investigación tampoco es lo mismo que una orden judicial, y una orden solo puede presentarse como vigente cuando existe confirmación suficiente.
Esto no invalida el trabajo periodístico que examina contratos, redes empresariales o posibles conflictos de interés. Ese trabajo puede revelar información de interés público y generar preguntas legítimas. Pero cuando se afirma que una autoridad ya busca detener a una persona, el estándar de verificación debe ser particularmente alto.
La FGR también tiene responsabilidad. Si existe desinformación sobre decisiones judiciales relevantes, debe aclararla con rapidez y suficiente detalle para evitar espacios de especulación. Las negativas oficiales no deberían impedir investigaciones periodísticas independientes, pero sí forman parte del registro que debe considerarse.
El episodio deja además una lección sobre la velocidad de las redes sociales. Una versión sobre una captura puede difundirse mucho más rápido que la aclaración posterior.
La presunción de inocencia no es una formalidad que deba reservarse para los tribunales. También es una obligación básica en la manera de informar. Si en el futuro aparecen nuevas actuaciones judiciales, deberán reportarse. Hasta entonces, el dato confirmado es el expresado por la Fiscalía: no hay una orden vigente contra Olán ni una investigación confirmada contra Andy López Beltrán.
