La reforma aprobada por Diputados obligaría a renunciar a otra nacionalidad para competir por Presidencia, gubernaturas o Jefatura de Gobierno de CDMX.
La reforma constitucional aprobada en la Cámara de Diputados para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México abre una discusión que va más allá de los pasaportes. La votación en lo general fue de 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. La propuesta todavía debe continuar su proceso legislativo y, según el esquema difundido, tendría aplicación a partir de 2028. El argumento de quienes la respaldan es que las personas que encabezan el Poder Ejecutivo deben mantener una relación jurídica exclusiva con México, especialmente porque toman decisiones sobre seguridad, soberanía, política exterior y administración de recursos públicos. Desde esa perspectiva, renunciar a otra ciudadanía evitaría posibles conflictos de deberes legales entre dos Estados. Los críticos responden que poseer una segunda nacionalidad no demuestra menor lealtad ni condiciona automáticamente las decisiones de una persona. México reconoce la doble nacionalidad desde 1998 y millones de familias la adquieren por nacimiento, ascendencia, migración o residencia, no por una decisión política. Una persona puede tener ciudadanía francesa porque uno de sus padres nació en Francia, estadounidense porque nació en territorio estadounidense o española por antecedentes familiares. En esos casos, la segunda nacionalidad forma parte de una historia familiar y no necesariamente de una preferencia política. El debate también toca el principio de igualdad en el acceso a cargos públicos. La reforma no elimina la doble nacionalidad en general ni impide a las personas binacionales participar en toda la vida pública; se concentra en los principales cargos ejecutivos. Aun así, añade una condición que actualmente no existe para todos esos puestos. La pregunta constitucional será si esa restricción es proporcional al objetivo que busca proteger. También existe una dimensión simbólica. Renunciar a un pasaporte puede ser presentado como prueba de compromiso, pero la identidad nacional no se reduce a un documento. Una persona puede tener un solo pasaporte y actuar contra el interés público, o tener dos y dedicar toda su vida profesional a México. Por eso conviene separar lealtad política, ciudadanía formal e identidad cultural. Durante el debate han vuelto a mencionarse políticos que han tenido o tienen vínculos con otras nacionalidades, entre ellos Javier Corral, Jaime Bonilla y Ernesto Ruffo. Los casos individuales pueden atraer titulares, pero la norma debe evaluarse por sus efectos generales y no por una persona específica. El Senado y, eventualmente, los congresos locales tendrán que decidir si el objetivo de reforzar una lealtad jurídica exclusiva justifica restringir la elegibilidad de mexicanos que también son ciudadanos de otro país. Esa es la discusión real: no quién es “más mexicano”, sino qué requisitos son razonables para ejercer el máximo poder ejecutivo. También está el efecto sobre mexicanos en el exterior. Millones de familias viven entre dos países y han construido identidades binacionales sin que eso implique menor pertenencia a México. Para ese grupo, la reforma podría enviar un mensaje simbólico incómodo: que una condición reconocida por la propia Constitución se vuelve motivo de exclusión para ciertos cargos. Sus defensores responderían que gobernar es una función excepcional y que, por ello, admite requisitos excepcionales. Esa tensión entre inclusión general y exigencia especial probablemente será uno de los puntos centrales del debate en el Senado y en los congresos locales si la reforma sigue avanzando.
