La muerte de dos alumnos obliga a investigar el ataque y atender la inseguridad que afecta a la comunidad universitaria.
Dos estudiantes de la Preparatoria Número Dos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos perdieron la vida después de un ataque en la colonia Chulavista de Cuernavaca. Un tercer joven resultó lesionado. La Fiscalía debe esclarecer quiénes participaron y por qué. Cualquier explicación anticipada sería injusta con las familias y perjudicial para una investigación que necesita pruebas, no rumores.
La universidad ubica estas muertes dentro de un recuento de seis estudiantes asesinados este año. El dato no implica que los casos tengan la misma causa o los mismos responsables. Expresa, sin embargo, una experiencia compartida: la comunidad recibe una y otra vez noticias que interrumpen clases, conversaciones y proyectos de vida. La frase institucional sobre no acostumbrarse al luto cobra sentido cuando se mira lo cotidiano: asistir a la escuela ya incluye para muchos jóvenes una evaluación de rutas, horarios y riesgos.
La primera obligación del Estado es investigar este episodio con rapidez y transparencia. Debe preservar pruebas, escuchar a sobrevivientes y testigos sin ponerlos en peligro y comunicar avances verificables a los familiares. La presión pública no justifica anunciar responsables antes de sustentar la acusación. Un expediente endeble produce titulares inmediatos y puede terminar dejando el caso sin justicia. Las familias necesitan conocer qué se sabe, qué falta por comprobar y cuándo recibirán información de nuevo.
La segunda obligación es preventiva. Las autoridades estatales y municipales deben examinar la seguridad en los trayectos y espacios que frecuenta la comunidad estudiantil. Esa revisión tiene que partir de datos sobre horarios, zonas y reportes de incidentes, no de recomendaciones vagas para que los jóvenes limiten su vida social. También exige coordinar a escuelas, transporte y autoridades locales. La seguridad de un estudiante no comienza ni acaba en el portón del plantel.
Hay un riesgo en reducir todo a la frase de que los jóvenes estaban en una fiesta. Es una forma de desplazar la atención desde los agresores y las fallas institucionales hacia las decisiones normales de las víctimas. Salir de noche, convivir o caminar por la ciudad no cancela ningún derecho. El contexto de una fiesta puede ser útil para reconstruir hechos, pero no sirve como explicación moral de una muerte.
La UAEM y las familias tienen derecho a reclamar resultados. Las autoridades deberían publicar una ruta de atención: responsables de la investigación, canales de comunicación con los afectados y medidas de prevención evaluables. Si la respuesta se limita a un pésame y patrullajes fugaces, habrá una fotografía de preocupación sin un cambio duradero. La pregunta que deja este caso no es únicamente cuándo habrá detenidos. Es si Morelos puede asegurar que el próximo estudiante llegue a casa.
La universidad también puede ofrecer apoyo psicológico, ajustar actividades si las familias y compañeros lo necesitan y mantener canales seguros para reportar amenazas. No le corresponde sustituir a la Fiscalía ni responder por toda la seguridad de la ciudad, pero sí acompañar a su comunidad. Un seguimiento público de compromisos evitaría que la solidaridad se agote al terminar el homenaje. La memoria de los alumnos debe traducirse en acciones concretas cuya eficacia pueda evaluarse meses después.
