Una columna lo relaciona con aviones privados, contratos de medicamentos y una revisión de la UIF; no existe acusación penal pública en su contra.
El nombre de Mario Mabarak Paniagua ingresó a la conversación pública mediante una columna de Claudio Ochoa Huerta que lo presenta como “el nuevo Amílcar de Andy”. La comparación es explosiva porque Amílcar Olán quedó asociado en investigaciones periodísticas con contratos públicos, negocios ligados a obras prioritarias y cercanía con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Según la publicación, Mabarak habría pasado de un perfil discreto a una vida rodeada de vehículos de alta gama, relojes millonarios y dos aviones disponibles para trasladar a Andy López Beltrán. También se le atribuyen negocios de medicamentos en Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, así como reclamos por incumplimientos.
Es indispensable mantener precisión: estas afirmaciones provienen de una columna periodística. Hasta ahora no se conoce una imputación penal pública contra Mabarak ni una resolución que acredite irregularidades. La mención de que estaría bajo revisión de la Unidad de Inteligencia Financiera tampoco equivale a culpabilidad. Una revisión financiera puede confirmar, descartar o ampliar sospechas.
Sin embargo, el interés público no depende solamente de la ostentación personal. La pregunta central es si empresas relacionadas con una persona cercana a un dirigente político obtuvieron contratos gubernamentales, por qué montos, mediante qué procedimientos y con qué resultados. La amistad pertenece a la vida privada; el dinero público exige transparencia.
La comparación con Olán funciona porque reproduce un patrón conocido: cercanía política, crecimiento empresarial, contratos en varias entidades y lujos que después llaman la atención de autoridades y medios. Si el patrón es real, debe demostrarse mediante documentos, registros societarios, fallos de licitación y movimientos financieros verificables.
La frase “jarrito nuevo, ¿dónde te voy a poner; jarrito viejo, dónde te voy a tirar?” resume el costo político. Cuando un operador queda demasiado expuesto, la sospecha es que otro ocupa su lugar. No obstante, sustituir nombres sin probar mecanismos también puede convertir el periodismo en insinuación permanente.
Mabarak tiene derecho a responder y las autoridades deben informar si existe una investigación formal. Andy López Beltrán, por su responsabilidad dentro de Morena, también debería explicar la naturaleza de sus relaciones empresariales cuando éstas se cruzan con contratos públicos.
El caso no debe quedarse en aviones y relojes. El seguimiento serio consiste en rastrear empresas, dependencias, montos, adjudicaciones y entregables. Si no hubo irregularidades, la evidencia podrá aclararlo. Si las hubo, México no necesita un “nuevo Amílcar”: necesita responsabilidades concretas.
