Maximiano N es señalado por ocho muertes y once personas afectadas; la Fiscalía analiza si la conducta puede superar la negligencia médica.
La entrega de Maximiano “N”, conocido como el doctor de los sueros, abre una etapa judicial que deberá responder preguntas médicas y penales. Durante aproximadamente seis meses permaneció prófugo mientras autoridades de Sonora investigaban la muerte de al menos ocho pacientes y afectaciones en otras once personas relacionadas con soluciones parenterales o sueros vitaminados.
Su presentación ante la justicia no parece haber sido producto de una decisión repentina. La Fiscalía congeló cuentas, aseguró inmuebles y vehículos, y detuvo a familiares investigados por posible encubrimiento. Su salud también se deterioró y recientemente sufrió una amputación. Con recursos limitados y una red de apoyo reducida, sus abogados negociaron la entrega.
Es importante distinguir acusación de sentencia. El médico tiene derecho a defensa y corresponde a un juez determinar responsabilidades. Sin embargo, la cantidad de víctimas y la posible repetición de la conducta justifican una investigación rigurosa sobre qué sustancias fueron administradas, quién las preparó, bajo qué condiciones y qué advertencias existían.
El caso comenzó relacionado con homicidio culposo, figura asociada con negligencia o falta de cuidado. La Fiscalía ha planteado la posibilidad de dolo eventual. Ese concepto se aplica cuando una persona conoce un riesgo grave y, aunque no busque directamente el resultado, decide continuar aceptando que puede ocurrir.
La diferencia es fundamental. Un error aislado puede atribuirse a una práctica deficiente; continuar ofreciendo un tratamiento después de observar reacciones graves podría implicar una responsabilidad mayor. Para sostener esa hipótesis se necesitan expedientes, comunicaciones, resultados de laboratorio y pruebas de que el acusado conocía los peligros.
El auge de los sueros vitaminados también merece atención sanitaria. Con frecuencia se promocionan como métodos para aumentar energía, fortalecer defensas o combatir el cansancio. Que algo se administre en una clínica o mediante una vena no garantiza eficacia ni seguridad. La aplicación intravenosa puede provocar infecciones, alteraciones metabólicas y otras complicaciones si no existe indicación, esterilidad y vigilancia profesional.
Las autoridades sanitarias deben revisar permisos, proveedores y controles, no solamente procesar a una persona después de las muertes. También deben informar si existieron quejas previas y cómo fueron atendidas.
Maximiano se entregó cuando sus alternativas parecían agotarse. Eso no demuestra culpabilidad, pero tampoco borra seis meses de evasión. El proceso debe concentrarse en las víctimas, establecer qué ocurrió y prevenir que tratamientos promocionados como bienestar operen sin supervisión suficiente. La justicia no termina con poner al médico frente a un juez; comienza con reconstruir cada decisión que llevó a tantas familias a buscar respuestas.
