La vinculación de la responsable de Protección Civil es un avance judicial concreto; los vínculos sociales atribuidos al empresario Diego Jiménez Labora con Andy López Beltrán son contexto político, no prueba penal.
La vinculación a proceso de María “N”, responsable del área de Protección Civil durante el Festival AXE Ceremonia 2025, representa el primer avance judicial visible de una tragedia que dejó muertos a los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas. Un juez consideró que existen elementos suficientes para que continúe un proceso por homicidio culposo. Esa resolución no equivale a una sentencia, pero sí coloca el caso en una etapa distinta: ya no se discute únicamente el accidente, sino responsabilidades concretas que tendrán que probarse en tribunales.
El tiempo transcurrido es parte de la historia. La estructura cayó en abril de 2025 y la primera vinculación relevante llegó aproximadamente año y medio después. Para las familias y colegas de las víctimas, la velocidad de la justicia importa porque cada retraso alimenta la sensación de que un evento de gran escala, con empresas, permisos y autoridades involucradas, puede diluir responsabilidades entre múltiples actores.
En paralelo reaparece un elemento político que debe manejarse con precisión. Grupo ECO y el empresario Diego Jiménez Labora han sido identificados en reportes periodísticos como parte del ecosistema organizador del festival. Diversas publicaciones también han documentado una relación social y de cercanía entre Jiménez Labora y Andrés Manuel López Beltrán, Andy. Esa relación, por sí sola, no constituye un delito ni demuestra intervención del dirigente de Morena en las decisiones técnicas, operativas o de Protección Civil del festival. López Beltrán no está acusado ni vinculado al proceso por la muerte de los fotógrafos.
La importancia periodística de ese contexto es otra: en México, los vínculos entre empresarios y actores políticos generan una expectativa adicional de transparencia. Cuando un proyecto con conexiones relevantes termina en una tragedia, la ciudadanía necesita tener certeza de que las investigaciones, inspecciones y sanciones se realizan con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier organizador sin relaciones de poder.
El peor tratamiento posible sería convertir una amistad en culpabilidad automática. El segundo peor sería fingir que las redes de influencia no importan en la percepción pública. La salida responsable consiste en separar niveles: los fiscales deben probar responsabilidades penales; las autoridades administrativas deben explicar permisos y supervisión; los organizadores deben rendir cuentas por las condiciones del evento; y los medios deben documentar relaciones sin convertirlas en sentencias.
La primera vinculación no cierra el caso. Apenas comienza a ordenar una cadena de responsabilidades que durante meses pareció dispersa. La pregunta que permanecerá no es quién conocía a quién, sino si cada persona y empresa que tenía una obligación concreta de seguridad cumplió con ella. Esa respuesta debe salir del expediente, no del apellido de los amigos.
