El IMSS cerró una puerta que muchos trabajadores veían como atajo hacia una mejor pensión. Un acuerdo de su Consejo Técnico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2026, cambia desde el día 22 las reglas para incorporarse a la Modalidad 40, el esquema de continuación voluntaria que permite seguir cotizando después de dejar un empleo formal.
Lo confirmado es esto. Quien se incorpore deberá hacerlo con el último salario registrado al causar baja, o hasta ese monto más una UMA, y nunca por debajo del salario mínimo general. Ya no será posible elevar libremente el salario de cotización hasta 25 UMA. Tampoco habrá pagos retroactivos: la inscripción tendrá efectos desde la fecha de la solicitud y el trámite se hará por plataformas digitales. Quienes ya cotizan en la modalidad conservarán sus condiciones hasta que concluya el periodo contratado, además de sus semanas cotizadas y los salarios efectivamente pagados, de acuerdo con lo que establece el propio acuerdo.
Lo que se frena tiene una cifra concreta. Con esa estrategia financiera, trabajadores próximos a jubilarse podían obtener pensiones superiores a los 80 mil pesos al mes. El IMSS, que encabeza Zoé Robledo, sostiene que los ajustes buscan fortalecer la sostenibilidad del sistema, evitar prácticas de simulación y preservar los derechos pensionarios. Esa es la versión de la institución. La medida es temporal: el Consejo Técnico ordenó un análisis financiero en un plazo máximo de seis meses para decidir si hacen falta cambios adicionales, y el Senado revisará el acuerdo.
Aquí empieza la interpretación, y conviene separarla de los hechos. Hay una lectura institucional: un mecanismo pensado como continuación voluntaria se había convertido en una herramienta de optimización que presiona las finanzas del instituto. Y hay una lectura crítica. Los abogados Julio Jiménez Martínez y Tulio Salanueva Brito sostienen que el acuerdo es arbitrario y que debió pasar primero por una reforma legal, además de señalar que el texto publicado no incluye exposición de motivos. Son opiniones de especialistas, no una resolución de autoridad, y será el análisis, el Senado y, en su caso, los tribunales quienes definan el fondo. Salanueva Brito explicó que las personas afectadas podrían acudir a un amparo o a un juicio administrativo.
El contexto financiero es lo que da peso al debate. La asesora en pensiones Leticia Alcántara afirma que 60% de los recursos que recibe el IMSS se destina al pago de pensiones y que la población envejece. Ella misma recuerda que el instituto asegura tener reservas para 2042. Es un diagnóstico atribuido a una especialista, pero describe la tensión de fondo: más personas por pensionarse y menos margen para pagar.
Para un joven de veinte o treinta años, la Modalidad 40 suena lejana. No lo es el mensaje de fondo. Cuando las cuentas aprietan, el primer ajuste cae sobre quien intenta mejorar su retiro con las herramientas disponibles. Que hoy el límite alcance a quienes están cerca de jubilarse no garantiza que mañana no alcance a quienes apenas empiezan a cotizar.
Una vejez digna no se decide en un solo acuerdo, pero sí se va construyendo con decisiones como esta. Los seis meses de análisis y la revisión del Senado son la ventana para que se explique, con números abiertos, cómo se sostendrán las pensiones de quienes vienen detrás. Mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá sobre la mesa y no es técnica, es generacional: quién paga el retiro y con qué reglas.
