La recepción de la renuncia de Guadalupe Taddei en la Cámara de Diputados cambia la pregunta central: ya no se trata solamente de su salida, sino de cómo se procesará el relevo. Ricardo Monreal informó el 26 de octubre de 2026 que la Junta de Coordinación Política inicia la selección. Ese anuncio abre una responsabilidad política que no debe confundirse con el esclarecimiento de las presuntas irregularidades.
Hay dos decisiones distintas. Monreal explicó que, ante la ausencia definitiva, el Consejo General debe nombrar una presidencia provisional entre sus integrantes, mientras Diputados realiza la designación definitiva. La diferencia importa: conducir temporalmente al instituto no equivale a recibir un nombramiento permanente. Tampoco permite anticipar quién encabezará el organismo al concluir el procedimiento. Presentar una eventual presidencia provisional como una sucesión resuelta sería convertir una posibilidad política en un hecho inexistente.
El punto delicado estará en la relación entre ambas decisiones. Una presidencia temporal puede adquirir visibilidad y peso en la discusión pública, pero eso no sustituye la evaluación de aspirantes ni la decisión legislativa. La vigilancia debería concentrarse en las reglas, los criterios y los acuerdos que sostengan cada nombramiento. No basta con conocer el nombre de quien llegue: importa explicar por qué esa persona resulta idónea y cómo se construyó su respaldo.
También conviene resistir otra tentación: interpretar cualquier deslinde futuro como prueba de que todos conocían las presuntas irregularidades. Si aparecen declaraciones de consejeros sobre la gestión de Taddei, tendrán que examinarse por su contenido y sus elementos verificables, no por la conveniencia política del momento. Saber, sospechar y acreditar son cosas distintas. Las diferencias personales tampoco prueban responsabilidades administrativas ni explican, por sí mismas, decisiones institucionales.
En paralelo queda la exigencia de investigar. Claudia Sheinbaum consideró una buena decisión la separación de Taddei y pidió esclarecer los señalamientos. La propia Taddei sostuvo que su renuncia no releva a nadie del deber de investigar con transparencia, rigor y debido proceso. Ambas posiciones permiten fijar un mínimo exigible: el cambio de titular no debe funcionar como cierre político del asunto. Las presuntas irregularidades contractuales y los posibles conflictos de interés siguen siendo señalamientos, no responsabilidades acreditadas.
La prueba institucional será atender las dos obligaciones sin intercambiarlas. La continuidad del INE requiere resolver su conducción; la rendición de cuentas exige aclarar hechos y determinar, mediante los procedimientos correspondientes, si existen responsabilidades. Ninguna tarea cancela la otra. Un relevo ordenado no demostraría que todo estuvo bien, como una acusación tampoco demuestra culpabilidad. La salida de Taddei no debería convertirse en una absolución automática ni en una condena anticipada: debe abrir una transición explicable y un esclarecimiento que no dependa de quién ocupe la siguiente silla.
