Guadalupe Taddei salió del Instituto Nacional Electoral, pero su renuncia no resuelve las preguntas sobre lo que ocurrió durante su gestión. El 27 de octubre, Blanca Yassahara Cruz García rindió protesta como presidenta provisional del INE. Su encargo por un mes comienza con una revisión de contratos y cargos de decisión, además de tres renuncias de funcionarios cercanos a su antecesora.
La sucesión de movimientos concentra la atención, pero también puede confundir: una presidencia nueva y varias salidas no equivalen a una institución esclarecida. Las renuncias son hechos administrativos y políticos, no pruebas de responsabilidad. Los señalamientos de presunta corrupción que rodearon la salida de Taddei requieren algo distinto al cambio de funcionarios: explicaciones documentadas y conclusiones que puedan sostenerse.
Ahí está la pregunta de fondo que deja este relevo: ¿por qué el cambio de presidencia se convierte en el momento para anunciar una revisión interna? Plantearla no demuestra que antes hubiera omisiones ni permite atribuir complicidades. Sí obliga a mirar más allá de quién deja la oficina y preguntar cómo funcionaban los controles, qué decisiones se tomaron y qué debe aclararse ahora.
Cruz ofreció un criterio importante en su primer mensaje: “el INE no fue concebido para depender de una sola voluntad personal”. Defendió la pluralidad y la colegialidad. Esa definición debería tener consecuencias prácticas. Si la conducción del instituto es colectiva, la rendición de cuentas no puede agotarse en la figura de quien ocupó la presidencia. Revisar una gestión exige explicar procedimientos, no solamente señalar un nombre.
Por eso, el anuncio sobre los contratos merece seguimiento y no aplausos anticipados. Lo relevante será conocer el alcance de la revisión, los criterios para examinar decisiones y la forma de comunicar sus resultados. Marcar distancia de la administración anterior puede ser políticamente conveniente; demostrar qué ocurrió requiere un trabajo verificable que no se sustituye con declaraciones.
La exigencia de explicaciones también llegó fuera del organismo. La Cámara de Diputados acordó citar al contralor del INE, mientras Claudia Sheinbaum pidió una auditoría amplia. Son pasos distintos: una comparecencia acordada no es una comparecencia celebrada, y solicitar una auditoría no significa que exista una revisión concluida. Presentarlos como resultados solamente adelantaría certezas que todavía no están disponibles.
Un mes es un periodo breve para conducir una transición con estas preguntas abiertas. Precisamente por eso, el balance de Blanca Cruz no debería medirse por cuántos anuncios acumule, sino por las condiciones que deje para continuar la revisión. El INE necesita independencia para decidir y transparencia para explicar sus decisiones. Cambiar a quien encabeza la institución puede abrir una etapa; aclarar lo ocurrido exige mucho más. La salida de Taddei no debería convertirse en el punto final de las preguntas.
