La salida de Guadalupe Taddei abrió dos tareas distintas para el Instituto Nacional Electoral: renovar su presidencia y esclarecer los cuestionamientos sobre la administración anterior. Resolver la primera no equivale a cumplir la segunda. La denuncia de amenazas de la consejera Rita Bell López añade una dimensión que merece atención propia: la seguridad de quienes participan en las decisiones del organismo.
López denunció haber recibido amenazas y expresó que ha temido por su vida. Hay versiones distintas sobre a quién atribuye esas amenazas; por ello, no corresponde presentar como acreditada la responsabilidad de Taddei ni de personas de su entorno. La exigencia razonable es esclarecer lo ocurrido, conocer íntegramente el señalamiento y escuchar las respuestas de quienes resulten señalados. Tomar en serio una denuncia no significa anticipar culpabilidades.
En paralelo, el relevo tiene una ruta tentativa, no una fecha definitiva. El 28 de octubre de 2026, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, planteó que la elección podría realizarse el 6 o el 7 de diciembre. Condicionó esa previsión a que el procedimiento avance sin alteraciones. El proyecto de convocatoria se prevé someter al pleno el 4 de noviembre: anunciar un calendario todavía no equivale a tener una elección convocada.
Un detalle relevante está en el filtro de aspirantes. El procedimiento descrito por Monreal contempla un comité técnico de cinco integrantes: dos propuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la Junta de Coordinación Política. Ese comité revisaría trayectorias, examinaría y entrevistaría a las personas candidatas. Desde una perspectiva de rendición de cuentas, importa tanto quién llegue como la claridad de los criterios para evaluar y seleccionar.
Tampoco conviene convertir las posibles salidas de personal en una prueba automática de desmantelamiento institucional. Las 12 renuncias adicionales mencionadas en la discusión pública permanecen pendientes de confirmación. Sin esa verificación, presentar un total de 15 bajas como un hecho cerrado distorsionaría el diagnóstico. Para valorar las consecuencias operativas haría falta conocer qué puestos quedan vacantes y cómo se atenderán sus funciones.
Blanca Yassahara Cruz García, designada presidenta provisional, se comprometió a colaborar con las investigaciones y sostuvo que la autonomía no implica opacidad ni excepción frente a la ley. También aseguró que los preparativos electorales de 2027 continuarán conforme al calendario. Son compromisos cuyo cumplimiento deberá evaluarse, no garantías que permitan dar por resueltos los problemas.
La persona que elija la Cámara concluirá el periodo previsto para Taddei, hasta abril de 2032. No se trata, por tanto, de cubrir únicamente una emergencia inmediata. El desafío es evitar que el nombramiento funcione como punto final de la revisión del pasado. Una presidencia nueva puede cambiar la conducción; recuperar confianza exige esclarecer las denuncias, determinar responsabilidades y sostener el trabajo electoral sin confundir autonomía con ausencia de controles.
