Una renuncia presidencial puede cambiar el rumbo de una crisis política, pero no desbloquea una cuenta bancaria. Esa distancia entre el relevo del poder y la recuperación del dinero explica el problema que enfrenta Paraguay. Santiago Peña presentó su dimisión el 5 de noviembre de 2026, en medio del colapso de Ueno Bank y de protestas ciudadanas. Para quienes quedaron sin acceso a sus ahorros, sin embargo, la pregunta más urgente no es quién ocupará la Presidencia, sino cuándo podrán disponer nuevamente de sus recursos.
La Cámara de Diputados aprobó impulsar un juicio político con 78 votos a favor y ninguno en contra. El respaldo incluyó a legisladores del Partido Colorado, la propia formación de Peña. Es una ruptura política significativa, aunque conviene no confundir sus alcances: presentar una renuncia no equivale a que haya sido aceptada, y aprobar el inicio de un juicio político tampoco representa una resolución definitiva. El desenlace institucional requiere claridad, no atajos narrativos.
La dimensión del problema rebasa los depósitos particulares. Ueno Bank administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos; alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social, vinculado con pensiones y salud. No se trata, por tanto, únicamente de la relación entre un banco privado y sus clientes. La presencia de esos recursos vuelve indispensable explicar con qué criterios se decidió depositarlos allí y qué controles debían protegerlos.
Los vínculos de Peña con el entorno empresarial del banco son relevantes para ese examen. Fue accionista de Ueno Holding y vendió su participación en marzo de 2025. Además, durante su gobierno fue nombrado al frente del Banco Central Carlos Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno, antecesora del banco. Estos antecedentes justifican preguntas sobre posibles conflictos de intereses y sobre la independencia de la supervisión; por sí solos, no prueban una responsabilidad penal.
El Banco Central intervino la entidad por problemas de solvencia. La discusión de fondo, entonces, no puede agotarse en señalar el momento del cierre. Debe reconstruir cómo una institución que obtuvo su licencia bancaria en 2023 creció hasta concentrar semejante volumen de recursos públicos. Una supervisión eficaz no debería medirse solamente por su capacidad para intervenir, sino también por su oportunidad para identificar y contener riesgos.
Peña sostuvo que renunciaba para preservar la estabilidad del país y pidió garantizar la devolución de los depósitos. Esa petición reconoce la preocupación central, pero no constituye por sí misma una solución. La respuesta necesita distinguir entre el destino político del mandatario, las responsabilidades que correspondan y las medidas para atender a los depositantes.
Paraguay enfrenta una prueba de confianza institucional. Resolver quién permanece en el poder importa; explicar qué ocurrió con el dinero y cómo se protegerá a sus titulares importa tanto como eso. Una salida política que deje intacta la incertidumbre financiera sería, para los ahorradores, una respuesta incompleta.
