La controversia en Chihuahua no se reduce a decidir quién resulta más convincente: Guillermo Zuany o la gobernadora Maru Campos. El problema de fondo es establecer cómo participaron ciudadanos estadounidenses en actividades de seguridad estatal, quién permitió esa colaboración y qué autoridades estuvieron enteradas. Confundir esas preguntas con una disputa personal dejaría sin explicar lo más importante: los controles sobre las operaciones de una institución pública.
El señalamiento sobre el exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro describe una colaboración que habría comenzado en 2025 y durado más de seis meses. Zuany habría facilitado entrenamientos y participación de agentes de la CIA en operativos estatales. Ese relato plantea un alcance mayor al de una presencia aislada durante el operativo de abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos. No debe confundirse, sin embargo, con hechos establecidos por una sentencia.
Zuany afirma que Campos conocía la presencia de la CIA. La gobernadora lo niega y le pide sostener sus dichos ante un juez. Son posiciones enfrentadas: la afirmación del exfuncionario no demuestra por sí misma el conocimiento de la mandataria, pero la negativa tampoco explica cómo se habría organizado esa colaboración. La respuesta requiere evidencia sobre comunicaciones, autorizaciones y responsabilidades, no solamente declaraciones públicas.
La Fiscalía de Chihuahua ofrece un argumento concreto: la carpeta reúne 150 declaraciones de 86 personas, además de pruebas documentales, periciales y técnicas. Sostiene que ningún dato incorporado hasta ahora refiere que Campos conociera o autorizara la participación extranjera. Añade que la información le fue ocultada y que un juez consideró probable ese planteamiento al dictar una vinculación a proceso. Esa valoración procesal no equivale a una resolución definitiva de todos los hechos.
Hay una precisión institucional que merece más atención. La Fiscalía no confirma que los extranjeros pertenecieran a la CIA: señala que en la carpeta aparecen como ciudadanos estadounidenses y evita pronunciarse sobre su adscripción. Por tanto, no corresponde presentar su comunicado como una confirmación oficial de operaciones de esa agencia. Tampoco es lo mismo afirmar que una declaración no está incorporada al expediente que demostrar que su contenido es falso.
La investigación continúa en etapa complementaria y la Fiscalía estatal afirma haber compartido su contenido con la Fiscalía General de la República. Omar García Harfuch informó que existen órdenes de aprehensión contra Zuany. Su situación judicial exige rendición de cuentas, pero no convierte automáticamente en ciertas todas las acusaciones en su contra ni invalida, por sí sola, cualquier afirmación que haga.
El estándar público debe ser doble: no atribuir culpabilidades sin prueba y no aceptar que una negativa agote la explicación institucional. Incluso si se acredita que Campos desconocía esa participación, quedará por esclarecer quién pudo permitirla y cómo se habría mantenido fuera de su conocimiento. La seguridad también se evalúa por la trazabilidad de sus decisiones, no únicamente por sus resultados operativos.
