El fin de la huelga en Cananea no borra el daño del pasado, pero deja una lección incómoda sobre poder, dinero y Estado.
Ayer terminó una de las huelgas más largas en la historia de México. Dieciocho años después, los trabajadores de la mina de Cananea aprobaron un acuerdo definitivo que pone fin a un conflicto que marcó generaciones enteras. El hecho, por sí solo, ya es histórico. Pero lo verdaderamente importante es lo que revela sobre cómo funcionó el poder en el país durante décadas.
La huelga estalló en julio de 2007 por razones básicas: seguridad, higiene, respeto al contrato colectivo y defensa del sindicato. No fue un capricho ni una estrategia política; fue una respuesta a condiciones que ponían en riesgo a los trabajadores. Sin embargo, la reacción del sistema fue inmediata y contundente: la Junta de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga, lo que permitió a Grupo México reabrir la mina con personal distinto y bajo un esquema de protección sindical.
A partir de ahí, la historia se volvió un ejemplo crudo del maridaje entre poder económico, político y judicial. En 2010, la Suprema Corte ratificó la inexistencia de la huelga y ese mismo año la Policía Federal intervino para desalojar a los trabajadores. La fuerza del Estado se utilizó no para mediar, sino para imponer una solución favorable a la empresa. Ese patrón se repitió durante varios sexenios, dejando a los mineros sin opciones reales dentro del país.
Ante el cierre de todas las vías internas, el sindicato llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2012. La respuesta llegó hasta 2021, una demora que habla por sí sola. Para entonces, el escenario político había cambiado y el gobierno de la Cuarta Transformación optó por una resolución amistosa sin esperar a un fallo internacional. El resultado se concretó ayer: liquidaciones, pensiones y acceso a la seguridad social para trabajadores y familias.
La dimensión simbólica de Cananea no es menor. Ahí, en 1906, un conflicto minero encendió una chispa que años después desembocó en la Revolución mexicana. Más de un siglo después, el mismo lugar vuelve a recordarnos que la justicia laboral en México ha sido históricamente lenta, selectiva y muchas veces subordinada al poder económico.
Nada de esto borra el daño acumulado. Décadas de incertidumbre, vidas suspendidas y comunidades enteras sin sustento no se compensan con un acuerdo, por justo que sea. Además, el hecho de que el Estado haya absorbido costos que correspondían a la empresa es un recordatorio del impacto duradero del modelo neoliberal sobre las finanzas públicas.
El cierre de la huelga de Cananea no es un final feliz, pero sí es un cierre necesario. Llega tarde, pero deja una enseñanza clara: cuando la justicia se posterga tanto tiempo, deja de ser solo un derecho y se convierte en una deuda histórica.
