El anuncio de un nuevo sistema que unifique IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar suena ambicioso, pero el verdadero examen no está en la firma presidencial ni en la nueva credencial, sino en el paciente que llega, espera y muchas veces no encuentra respuesta.
El gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el Servicio Universal de Salud como una apuesta para integrar IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en un solo esquema, con la promesa de que cualquier persona pueda atenderse en cualquier institución pública sin quedar atrapada por la burocracia de su afiliación. En el discurso, la idea es potente: acabar con la fragmentación, compartir infraestructura y construir un sistema más homogéneo. El problema es que en México ya conocemos esa distancia incómoda entre el anuncio de gran formato y la experiencia real del paciente. Aquí no basta con rebautizar el sistema; hay que demostrar que puede funcionar cuando se enfrenta a las filas, al desabasto y a la saturación de siempre.
La primera alerta está en el calendario. Aunque el anuncio sonó mayúsculo, la primera fase operativa está prevista para el 1 de enero de 2027 y solo abarcaría ciertos servicios prioritarios: urgencias, embarazos de alto riesgo, infartos, eventos cerebrovasculares, cáncer de mama, continuidad de tratamientos complejos y vacunación universal. La segunda etapa llegaría en el segundo semestre de 2027 con intercambio de laboratorios, estudios de imagen y radioterapia, mientras que la receta universal, las especialidades y la atención homologada para enfermedades crónicas quedarían hasta 2028. Es decir, más que una transformación inmediata, lo presentado hasta ahora es un plan escalonado. El riesgo es que el gobierno lo venda como presente consumado cuando en realidad apenas está construyendo la ruta.
Luego está la credencial única, uno de los elementos más vistosos del proyecto. Presidencia informó que la credencialización arrancará en abril para personas de 85 años o más, y que la nueva identificación permitirá acceder a expedientes, citas y otros servicios digitales. Suena moderno, ordenado y hasta eficiente. Pero también revela una vieja obsesión del poder público mexicano: creer que la reorganización documental equivale a una reorganización material. Una credencial puede ayudarte a entrar al sistema, sí, pero no fabrica médicos, no llena farmacias y no reduce por sí sola la carga de hospitales rebasados. El paciente mexicano no está peleado con la modernización; está cansado de que la modernización llegue primero al folleto que al consultorio.
La dimensión social del asunto es todavía más delicada. Unificar salud pública no es solo una decisión administrativa; es tocar uno de los espacios donde más claramente se ve la desigualdad. En México, enfermarse no pesa igual para todos. Hay quien tiene opciones privadas, estudios rápidos y especialistas a la mano, y hay quien depende de que una ventanilla no lo mande a otra, de que sí haya cama, de que sí haya medicamento, de que sí lo reciban. Por eso el escepticismo no nace del cinismo, sino de la experiencia. Cuando el gobierno promete un sistema universal, la ciudadanía no escucha solo una política pública; escucha una deuda histórica. Y por eso también la vara está tan alta.
El desafío real no está en el decreto, sino en la ejecución. Si en 2027 una persona con infarto puede ser atendida sin peregrinar por instituciones; si una mujer con embarazo de alto riesgo recibe respuesta inmediata; si un paciente con diabetes deja de vivir entre recetas incompletas y citas aplazadas, entonces el proyecto habrá empezado a ganar legitimidad. Pero si todo termina en credenciales nuevas, lenguaje épico y ventanillas igual de rebasadas, entonces no habremos visto una revolución sanitaria, sino otro episodio clásico del Estado mexicano: cambiar el empaque mientras el enfermo sigue esperando turno.
