El nuevo discurso del gobierno intenta vender que la fractura hidráulica de antes era dañina, pero la de ahora sería moderna, limpia y útil para la soberanía energética. El problema es que más de 80 organizaciones ambientales ya respondieron algo mucho más simple y demoledor: el fracking sustentable no existe.
La discusión sobre el fracking en México ya dejó de ser técnica. Ahora es política, moral y hasta simbólica. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum llegó con la bandera de que no iba a permitir esta técnica, y hoy su gobierno intenta abrirle la puerta con otro empaque. La explicación oficial es que el fracking “tradicional” sí generaba impactos ambientales graves, pero que las nuevas tecnologías permitirían hacerlo con menos daño, usando menos químicos y hasta agua no potable. En otras palabras: no sería el fracking de antes, sino una versión más limpia, más moderna y, según el discurso, más responsable.
Ahí es donde aparece el problema político más serio. Porque para la gente común esto no suena a matiz técnico; suena a maroma. Suena a que algo que antes estaba mal, de pronto ya no está tan mal porque ahora lo necesita el gobierno. Reuters reportó que Sheinbaum justificó este viraje con la idea de aumentar la producción nacional de gas y reducir la dependencia respecto a Estados Unidos, del que México importa la mayor parte del gas que consume. El argumento de soberanía energética puede sonar fuerte en conferencia, pero no borra una contradicción evidente: si prometiste una cosa en campaña y luego haces lo contrario, el problema ya no es energético, es de credibilidad.
Por eso la reacción de las organizaciones ambientales pegó tan duro. Más de 80 colectivos, entre ellos Greenpeace México y la Alianza Mexicana contra el Fracking, acusaron que el llamado “fracking sustentable” no existe y que este giro representa una traición a la promesa de campaña de no permitir esta técnica. Además, sostienen que existen miles de estudios que documentan sus riesgos para la salud, el clima y los ecosistemas. Es decir, no solo están peleando el cambio de postura, también están rechazando la idea de que el problema se resuelve poniéndole adjetivos bonitos a una práctica altamente cuestionada.
Y aquí entra la crítica social más incómoda. En México ya nos sabemos ese libreto: agarras algo impopular, lo rebautizas con lenguaje técnico, le pones una capa de “modernización” y esperas que la gente lo vea como innovación en vez de contradicción. El fracking del pasado era malo, nos dicen; el de ahora sería biodegradable, medido por expertos y casi casi patriótico. Pero hasta AP reportó que un comité técnico apenas evaluará durante dos meses métodos supuestamente menos dañinos, incluyendo uso de agua no potable y menos químicos. O sea, todavía ni siquiera existe una ruta cerrada, pero el discurso político ya salió a vender tranquilidad.
La pregunta de fondo entonces no es solo si México necesita más gas. La pregunta es por qué cada vez que una promesa choca con la realidad, el gobierno decide no admitir el cambio de frente, sino maquillarlo. Porque eso es lo que está pasando aquí: no están defendiendo abiertamente el fracking que antes criticaban; están intentando convencer al país de que esta vez sí sería distinto. Y puede que esa apuesta funcione como narrativa de corto plazo, pero deja una erosión más profunda. Cuando un gobierno convierte un “no rotundo” en un “sí, pero sustentable”, no solo reabre un debate ambiental. También le mete una fractura a su propia palabra.
