Mientras el gobierno presume orden en el registro de personas desaparecidas, en Teuchitlán las familias y los colectivos vuelven a encontrar lo que el Estado no ha resuelto: restos, dudas y una verdad que no cabe en una reclasificación. El rancho Izaguirre sigue bajo procesamiento federal, con 47 detenidos y un avance oficial de 64.44%, pero los colectivos cuestionan que la versión institucional minimiza lo ocurrido ahí.
Hay algo profundamente ofensivo en querer poner orden estadístico sobre una tragedia que sigue abierta. No porque los registros no importen. Importan, y mucho. Pero en México el problema empieza cuando la clasificación parece volverse más urgente que la búsqueda. Ese es el ruido de fondo que acompaña hoy la discusión sobre personas desaparecidas: mientras desde el poder se habla de depurar, reagrupar o reinterpretar expedientes, en el terreno las familias siguen haciendo el trabajo más duro, más doloroso y más brutal. Buscar.
La dimensión del problema ya es, por sí sola, insoportable. El propio gobierno federal reportó 132 mil 534 personas desaparecidas. De ese total, 43 mil 128 casos quedaron en el grupo de personas sin actividad o trámite administrativo posterior, y en solo 3 mil 869 casos existe carpeta de investigación. Es decir: hay decenas de miles de historias suspendidas en una especie de limbo burocrático, donde la ausencia se administra, pero no necesariamente se esclarece.
Por eso Teuchitlán pega tan fuerte. Porque rompe cualquier intento de convertir la crisis en un cuadro técnico. A un año del hallazgo en el rancho Izaguirre, colectivos y personal de la FGR regresaron al sitio. La Fiscalía sostiene que ahí operaba un sitio de adiestramiento y ha reportado dos fragmentos de restos óseos procesados, un perfil genético masculino, 47 personas detenidas y un avance general de 64.44 por ciento en el procesamiento integral del lugar. Pero los colectivos no compran esa narrativa completa. Dicen, con razón, que reducir lo ocurrido a un centro de adiestramiento o reclutamiento forzado es fragmentar la verdad y minimizar el horror.
Y ahí está el punto central. En México, una parte de la disputa ya no es solo por encontrar a los desaparecidos, sino por quién tiene derecho a nombrar lo que pasó. El Estado busca categorías, porcentajes, procedimientos, cortes técnicos. Las familias buscan hijos, hijas, hermanos, padres. El Estado habla de avances. Las madres hablan de ausencias. El Estado reporta procesamiento. Los colectivos reportan que todavía hay capas enteras de verdad que no se han tocado. Esa distancia no es semántica. Es moral.
Además, el contexto internacional vuelve todavía más grave la discusión. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada pidió llevar la situación de México ante la Asamblea General al considerar que ha recibido información con indicios fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Aunque el Comité aclaró que no encontró pruebas de una política federal deliberada para cometerlas, el mensaje es devastador: la magnitud y persistencia del fenómeno ya rebasaron hace tiempo cualquier intento de tratarlo como un asunto administrativo.
Por eso el debate no debería ser si se puede reclasificar. Claro que se puede. La pregunta más seria es para qué y a favor de quién. Si reclasificar sirve para depurar errores, fortalecer búsquedas e impulsar investigaciones, bien. Pero si termina convirtiéndose en una forma más elegante de enfriar expedientes, diluir responsabilidades y bajar el volumen político de la crisis, entonces no estamos viendo orden. Estamos viendo otra forma de desaparición, esta vez en el papel.
