El caso de Mariela Gutiérrez no se resume en si hubo protocolo o no. El punto de fondo es mucho más duro: cuando el abandono animal termina resolviéndose con muerte masiva, lo que falló no fueron solo los perros en la calle, sino toda la política pública.
La defensa de Mariela Gutiérrez es técnicamente clara: durante su gestión en Tecámac se aplicó eutanasia a 10 mil perros y, según su versión, todo ocurrió conforme a la norma, bajo protocolos y con la idea de reducir sufrimiento. También sostiene que durante ese mismo periodo se atendieron decenas de miles de animales, hubo esterilizaciones y se impulsaron adopciones. Todo eso podrá servir como argumento administrativo. El problema es que, cuando se pone la cifra sobre la mesa, la discusión deja de ser burocrática y se vuelve ética. Diez mil perros no suena a excepción. Diez mil suena a una salida masiva ante un problema que el Estado no quiso o no pudo resolver de otra forma.
Aquí nadie está negando la realidad. Sí existe una crisis de abandono animal. Sí hay perros enfermos, ferales, lesionados o en condiciones extremas. Sí hay riesgos sanitarios. Sí hay dueños irresponsables y autoridades que históricamente han dejado crecer el problema hasta volverlo inmanejable. Pero justo por eso la pregunta importante no es si había casos donde la eutanasia era legalmente posible. La pregunta es por qué un gobierno terminó llegando a ese nivel de sacrificio como parte de su balance sexenal. Cuando el número llega a cinco cifras, ya no hablamos solo de decisiones veterinarias puntuales. Hablamos de una política pública que llegó tarde, llegó mal o simplemente eligió el camino más fácil para quitarse de encima un problema visible.
Ese es el verdadero corazón del escándalo. No basta con decir “se hizo conforme a la norma” porque la norma no sustituye a la compasión ni a la prevención. Algo puede ser defendible en el expediente y al mismo tiempo reflejar una derrota institucional profunda. Si un municipio acaba justificando la muerte de 10 mil perros como parte de su manejo del abandono animal, entonces el fracaso venía de mucho antes: faltaron campañas permanentes de esterilización, faltaron sanciones reales contra el abandono, faltó cultura de adopción, faltaron refugios con capacidad, faltó atención veterinaria comunitaria y faltó visión para atacar el origen del problema antes de que explotara.
Por eso la frase “ayudarlos a bien morir” no tranquiliza; inquieta más. Porque intenta envolver una cifra brutal en un lenguaje amable. Y no, aquí el lenguaje no alcanza para borrar la imagen de fondo. Si de verdad hubo miles de casos extremos, eso habla de una emergencia sostenida. Y si no los hubo todos, entonces la dimensión del sacrificio resulta todavía más perturbadora. En ambos escenarios la conclusión es incómoda: algo se normalizó que nunca debió normalizarse.
Lo más delicado de todo es el mensaje político. Un gobierno puede presumir esterilizaciones, consultas o adopciones, pero si en el centro de la historia queda instalada la cifra de 10 mil perros sacrificados, lo que la sociedad escucha no es eficiencia. Escucha resignación convertida en método. Y esa es una señal tristísima de cómo se entienden todavía muchas políticas públicas en México: prevenir cuesta, educar tarda, sancionar incomoda, construir alternativas exige presupuesto… matar es más rápido.
Al final, el debate no debería cerrarse en si todo fue legal. Debería abrirse en algo mucho más serio: si esa fue la única respuesta posible, entonces el fracaso no terminó con los perros. Empezó mucho antes, cuando nadie quiso construir una salida mejor.
