El gobernador de Puebla defendió el uso del helicóptero oficial como herramienta de trabajo, pero la crítica ciudadana fue directa: mientras la gente usa carreteras inseguras, el poder vuela para llegar a tiempo.
El problema del helicóptero de Alejandro Armenta no es solo el vuelo. Es la postal completa: un gobernador defendiendo el uso de una aeronave oficial mientras la ciudadanía pregunta por qué él sí puede evitar las carreteras que todos los demás tienen que usar.
La polémica surgió luego de que se señalara el uso del helicóptero oficial del estado para asistir presuntamente a un evento partidista de Morena en la Ciudad de México. Ante las críticas, Armenta respondió que la aeronave es una herramienta de trabajo y que la utiliza cuando sus actividades no le permiten llegar a tiempo por tierra. Su equipo también insistió en que la mayoría de los vuelos se destinan a emergencias médicas, Protección Civil y seguridad.
Pero ahí está justo la contradicción. Si el helicóptero se usa para emergencias, rescates o atención ciudadana, la discusión cambia. El problema aparece cuando la aeronave pública entra en la conversación por un traslado político. Porque una cosa es mover recursos del Estado para atender una urgencia y otra muy distinta es usarlos para cumplir con la agenda del partido.
El comentario ciudadano pegó donde más duele: ¿por qué no usó sus propias carreteras inseguras? La frase puede sonar sarcástica, pero resume una inconformidad profunda. Para la gente común no hay helicóptero cuando enfrenta baches, asaltos, traslados eternos, ambulancias que tardan o caminos abandonados. Para el gobernante, en cambio, si no alcanza el tiempo, se prende la aeronave.
Ese es el punto político. No se trata únicamente del costo del combustible, del mantenimiento o de la contaminación. Se trata de la distancia entre el poder y la vida cotidiana. Mientras el gobierno habla de austeridad, cercanía y servicio público, la imagen de un mandatario trasladándose por aire para asuntos de partido comunica otra cosa: privilegio.
Armenta intentó desmarcarse del viejo régimen diciendo que no usa el helicóptero para ir a jugar golf. Pero esa comparación no resuelve el fondo. La pregunta no es si el uso actual es menos frívolo que el de otros gobiernos. La pregunta es si un recurso público debe ponerse al servicio de una agenda que no necesariamente es pública.
Porque ahí está la frontera que todo gobierno debería respetar: una cosa es el Estado y otra el partido. Cuando esa línea se borra, la austeridad se vuelve discurso decorativo y los recursos públicos empiezan a parecer extensión logística del poder político.
La población no necesita una clase de administración aérea para entenderlo. Lo ve claro: ellos manejan por carreteras inseguras; el gobernador vuela.
Y cuando un gobierno presume cercanía, pero se mueve con privilegios, la contradicción no necesita escándalo fabricado.
Se graba sola.
