El hallazgo de medicamentos caducados en hospitales públicos de Veracruz exhibe una falla grave en la administración de insumos de salud, justo en un país donde el desabasto ha golpeado a miles de familias.
Hay errores administrativos que cuestan dinero. Y hay errores administrativos que también cuestan confianza, tiempo y esperanza. El caso de los medicamentos caducados en Veracruz entra en esa segunda categoría, porque no se trata de papelería olvidada en una bodega ni de mobiliario que ya no servía. Se trata de medicinas vinculadas al tratamiento de pacientes, algunas de ellas en un centro oncológico.
Servicios de Salud de Veracruz dio de baja casi 100 kilos de medicamentos caducados en hospitales públicos. La mayor parte corresponde al Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, donde se reportaron 75 kilos de fármacos vencidos con un valor superior a 929 mil pesos. La cifra económica ya es grave, pero lo realmente indignante es lo que representa: tratamientos que no llegaron a tiempo, insumos que se quedaron almacenados y una cadena de decisiones que falló antes de que esos medicamentos perdieran utilidad.
En un país donde las familias han marchado, denunciado y suplicado por medicamentos oncológicos, dejar caducar fármacos no puede tratarse como un simple trámite de inventario. No basta con decir que se dieron de baja conforme a procedimiento. La pregunta importante es otra: ¿por qué llegaron a caducar? ¿Quién debía distribuirlos? ¿Quién supervisó el almacén? ¿Por qué no se reasignaron a tiempo? ¿Cuántos pacientes los necesitaban mientras esos medicamentos estaban guardados?
La salud pública no se mide sólo por discursos, inauguraciones o promesas. Se mide en la capacidad del sistema para hacer que una medicina llegue al paciente correcto en el momento correcto. Cuando eso falla, el problema no es únicamente logístico. Es profundamente humano.
Veracruz, además, carga una memoria dolorosa en temas de salud y cáncer. Por eso cualquier caso relacionado con medicamentos oncológicos en ese estado prende alarmas de inmediato. No se puede minimizar. No se puede esconder detrás de tecnicismos. La ciudadanía necesita saber si fue negligencia, mala planeación, exceso de compra, fallas de distribución o desorden administrativo.
Porque mientras una familia busca tratamiento, cada día importa. Una cita perdida importa. Una receta no surtida importa. Una dosis que no llega importa. Y ver que medicamentos se vencieron dentro del sistema público golpea directamente la credibilidad de las autoridades.
El gobierno puede argumentar que se trató de un proceso formal de baja. Pero formal no significa aceptable. Legal no significa correcto. Y administrativo no significa menor.
En salud, la improvisación se paga caro. A veces con dinero público; otras, con angustia familiar. Por eso este caso exige algo más que explicación: exige responsables, revisión de inventarios, transparencia y medidas para que no vuelva a ocurrir.
Porque un medicamento contra el cáncer no puede convertirse en basura de almacén.
Y cuando eso pasa, el fracaso no está en la fecha de caducidad.
Está en todo el sistema que dejó que llegara hasta ahí.
