El caso de las funcionarias que grabaron un comercial dentro de la Suprema Corte parece absurdo, pero revela algo más serio: la confusión entre cargo público, privilegio institucional y uso privado del poder.
Imagínate trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ganar más de 40 mil pesos al mes y pensar que el siguiente paso natural en tu carrera es grabar un comercial de botanas dentro del máximo tribunal del país. Parece meme, pero ocurrió. Y aunque el caso suene chusco, el fondo no lo es tanto.
Dos funcionarias de la Corte renunciaron después de ser exhibidas por grabar contenido promocional de una marca privada dentro de las instalaciones del Poder Judicial. La primera reacción puede ser la burla: que si las papitas, que si el crunch institucional, que si la justicia ya estaba crujiente. Pero detrás del ridículo hay una pregunta mucho más seria: ¿en qué momento algunas personas dentro del servicio público creen que los espacios institucionales son parte de su patrimonio personal?
La Suprema Corte no es una locación para comerciales. No es un coworking para influencers. No es un foro prestado para campañas privadas. Es un espacio público, sostenido con recursos públicos, cargado de simbolismo institucional y destinado a una función de enorme importancia: impartir justicia constitucional.
Por eso el problema no es solo el video. El problema es la mentalidad. Esa idea de que, por estar dentro de una institución poderosa, se puede usar el entorno, el prestigio, los pasillos, las oficinas o el mobiliario como si fueran escenario personal. Y eso revela una desconexión brutal con el ciudadano común, que paga impuestos, mira la crisis de justicia desde afuera y luego ve que dentro del máximo tribunal alguien pensó que era buena idea grabar publicidad de botanas.
También hay que decirlo: la renuncia fue rápida, pero eso no debería cerrar la discusión. Porque el punto no es únicamente castigar a dos funcionarias expuestas en redes. El punto es revisar cómo se cuidan los espacios públicos, qué controles internos existen y por qué alguien creyó que podía hacer eso sin consecuencias.
En México solemos minimizar estas cosas porque no parecen grandes escándalos de corrupción. No hay maletas de dinero ni contratos millonarios, al menos no en lo conocido. Pero la ética pública también se rompe en lo pequeño. Se rompe cuando alguien usa un espacio oficial para fines privados. Se rompe cuando el cargo se vuelve privilegio. Se rompe cuando la institución se convierte en fondo de pantalla para una marca.
Y más grave todavía: esto ocurre en la Suprema Corte, justo cuando el Poder Judicial vive uno de sus momentos de mayor tensión, crítica y desconfianza pública. Con la reforma judicial, con el debate sobre jueces, ministros y legitimidad, cualquier gesto de frivolidad pesa el doble.
Porque sí: puede dar risa que el escándalo sea por botanas. Pero en el fondo no habla de botanas. Habla de límites. De respeto institucional. De servicio público. De entender que trabajar en la Corte no es una oportunidad para monetizar el escritorio, sino una responsabilidad que exige prudencia.
La justicia mexicana ya tenía demasiados pendientes como para agregarle comerciales improvisados.
Y al final, la Corte no crujió por las papitas.
Crujió porque alguien olvidó que lo público no se usa como propiedad privada.
