El caso Maru Campos y el expediente Rocha Moya exhiben una guerra de acusaciones donde todos gritan justicia, pero nadie parece tener prisa por llegar hasta el fondo.
El duelo político entre Maru Campos y Rocha Moya tiene todos los ingredientes para volverse espectáculo nacional: acusaciones graves, gritos de traición a la patria, señalamientos de NarcoGobierno, agentes extranjeros, soberanía, investigaciones federales y una Cámara de Diputados que suena durísima… hasta que uno recuerda cómo funcionan estas cosas en México.
Porque el problema no es que se investigue. Al contrario: si hubo intervención extranjera en un operativo dentro del país, se debe aclarar quién autorizó, bajo qué marco legal, con qué coordinación y por qué hubo agentes de otro país participando en territorio mexicano. La soberanía no es un adorno discursivo ni una bandera que se agita solo cuando conviene.
Pero el asunto se vuelve sospechoso cuando la indignación aparece perfectamente sincronizada con el calendario político. Morena pide juicio político contra Maru Campos por el caso de Chihuahua, mientras el PAN responde señalando a Rocha Moya por las acusaciones que lo rodean desde Estados Unidos. Y entonces el debate deja de parecer una búsqueda de verdad y empieza a parecer una competencia de granadas políticas.
Maru Campos fue a comparecer, quedó expuesta, bajo reflectores, en medio de una presión pública evidente. Incluso ya se prepara una marcha de apoyo en Chihuahua bajo el mensaje de Yo con Maru. Del otro lado, Rocha Moya dice que también acudió ante la autoridad, pero públicamente casi no se le vio. Y esa diferencia importa, porque en política no solo cuenta lo que pasa en los expedientes: también cuenta lo que se muestra, lo que se oculta y lo que se administra.
Ahí está el contraste. A una gobernadora se le coloca bajo el reflector nacional por un caso delicado de agentes extranjeros. A un gobernador con licencia, señalado en medio de un escándalo igual o más incómodo, se le maneja con una discreción mucho más conveniente. Y de paso, de la lista de nombres señalados desde Estados Unidos, el caso que sigue más borroso es el de Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán con licencia. Mucho ruido en unos expedientes, mucho silencio en otros.
Por eso se habla de desafueros de salva. Porque suenan fuerte, espantan, generan titulares, incendian redes y alimentan discursos partidistas. Pero al final podrían terminar congelados, atorados entre comisiones que ni siquiera avanzan y expedientes viejos que duermen en la Cámara. En México, el juicio político muchas veces funciona menos como instrumento de rendición de cuentas y más como escenografía de combate.
El riesgo es evidente: que la justicia se convierta en utilería. Que la soberanía se invoque solo contra adversarios. Que los expedientes se usen para golpear, no para aclarar. Y que entre tanto grito de patria, traición y crimen organizado, lo único que avance sea el espectáculo.
Porque investigar a Maru importa. Investigar a Rocha también. Pero investigar a medias, según convenga, no es justicia: es teatro político con costo nacional.
