El registro obligatorio de líneas busca combatir extorsiones y fraudes, pero entre plazos cortos, desconfianza ciudadana y millones de usuarios de prepago, el riesgo es que la carga termine cayendo sobre la gente común.
El registro obligatorio de líneas telefónicas parte de una preocupación real: las extorsiones, fraudes y delitos cometidos a través de celulares son un problema grave en México. Casi todos conocemos a alguien que ha recibido llamadas sospechosas, mensajes de fraude, intentos de robo de cuentas o amenazas desde números imposibles de rastrear. Por eso, en principio, vincular una línea con una identidad podría sonar como una medida lógica.
El problema es que una buena intención no siempre garantiza una buena implementación.
La Suprema Corte ya cerró una parte delicada del debate: no deberían pedirse datos biométricos como huellas, iris o reconocimiento facial para conservar una línea. Eso importa porque los datos biométricos no son cualquier información. No se cambian como una contraseña. Si se filtran, el daño puede ser permanente. En un país donde las bases de datos públicas y privadas han demostrado ser vulnerables, la desconfianza de los usuarios no es paranoia: es experiencia acumulada. La burra no era arisca.
Pero aunque los biométricos quedaron fuera, el registro con identidad sigue en pie. Ahí empieza el verdadero reto. Millones de líneas, sobre todo de prepago, deben quedar vinculadas con datos oficiales antes del plazo establecido. Y los usuarios de prepago no son un grupo menor: son una parte enorme del mercado mexicano. Muchos compran recargas pequeñas, cambian de chip, comparten equipos o no tienen una relación formal y constante con la compañía telefónica.
Por eso Carlos Slim pidió darle una “reestudiadita” al tema. Su punto no es menor: el plazo puede ser demasiado corto para una operación de ese tamaño. Las telefónicas también tienen una preocupación práctica. No se trata solo de pedir datos; implica sistemas, validaciones, atención a clientes, costos, errores, saturación y millones de personas intentando hacer un trámite al mismo tiempo.
Y del lado de los usuarios, la preocupación es doble. Nadie quiere perder su número, porque hoy el celular no es solo para llamar: es banco, trabajo, WhatsApp, escuela, trámites, redes, contactos y hasta método de verificación. Perder una línea puede significar perder acceso a media vida digital. Pero al mismo tiempo, muchos tampoco quieren entregar más datos personales sin tener certeza de cómo se van a cuidar.
El gobierno sostiene que el objetivo es combatir delitos como la extorsión. Ese objetivo es válido. Pero la medida debe demostrar que realmente sirve para eso y que no se convierte solo en otro filtro burocrático para quienes sí cumplen la ley. Porque el delincuente suele encontrar formas de saltarse los controles, mientras el ciudadano común termina formado, confundido o con miedo de quedarse sin servicio.
El punto no es oponerse a todo registro. El punto es exigir claridad, seguridad y tiempos razonables.
Si el Estado quiere pedir datos, también debe garantizar protección. Si quiere combatir fraudes, debe probar que la medida funciona. Y si quiere obligar a millones de personas a registrar su línea, no puede hacerlo como si fuera un trámite menor.
Porque en México, perder el celular ya no es perder un aparato.
Puede ser perder tu identidad digital completa.
