La Suprema Corte avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas sin orden judicial previa cuando detecte indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La medida se vende como prevención, pero abre una discusión mucho más incómoda: qué pasa cuando el Estado puede paralizar tu dinero antes de demostrar que hiciste algo.

Antimotines desalojaron con gas lacrimógeno un bloqueo de campesinos y transportistas en Nanacamilpa, Tlaxcala, y reabrieron Arco Norte y la México–Veracruz. El operativo abre otro frente: denuncias de abuso y “desapariciones”, mientras el gobierno local lo niega. Los bloqueos se reacomodan, no se apagan.

El caso de Leyla Monserrat volvió a la conversación pública no porque apareciera un dato menor, sino porque la resolución judicial reactivó una indignación que ya estaba sembrada desde el principio.

El caso de Hermosillo no solo exhibe una tragedia médica. También pone bajo la lupa la opacidad con la que muchas veces se ofrecen procedimientos intravenosos que se venden como algo simple, rápido y casi inofensivo.

Transportistas y agricultores iniciaron un paro con acciones en al menos 20 estados: liberan casetas y aplican bloqueos en tramos clave. Exigen precios de garantía, banca rural y seguridad. El gobierno minimiza y acusa trasfondo político. La presión ya es logística: mover o no mover.

Una familia de Santa María Zolotepec, Xonacatlán, regresó de Acapulco en carrozas: seis murieron tras una volcadura en Acapulco Diamante, también falleció su perro. Siete sobrevivientes siguen hospitalizados en Toluca. El duelo reabre la deuda: carreteras seguras y respuesta real.