La discusión en la Suprema Corte sobre la UIF y Ricardo Salinas Pliego no solo vuelve a encender un pleito entre poder económico y poder político. También abre una pregunta más profunda sobre hasta dónde puede llegar el Estado antes de que una revisión financiera ya deba considerarse una afectación real.
La Casa Blanca aseguró que la llegada de un petrolero ruso a Cuba no cambia la política de sanciones, pero admitió que decidirá “caso por caso” si deja entrar más barcos con crudo. La isla, en crisis energética, vuelve a depender de excepciones: oxígeno con correa.
Volaris y Viva crecieron vendiéndose como la alternativa barata del mercado. Hoy, juntas, ya no parecen las pequeñas rebeldes del sector, sino el nuevo gigante que podría redefinir quién manda en los cielos mexicanos.
El aseguramiento de mercancía apócrifa en Tepito presume músculo institucional rumbo al Mundial 2026, pero también exhibe una realidad incómoda: la piratería no sobrevive por sorpresa, sino porque existe una economía entera que la tolera, la consume y la deja crecer.
El caso de la ayuda a Cuba se volvió polémico en México no por el fondo, sino por la forma. Y esa diferencia es clave para entender por qué el tema ha encendido tanto la conversación pública.
La mancha de hidrocarburos ya llegó a más municipios, pescadores denuncian que todo está lleno de petróleo y la respuesta pública sigue pareciendo esa tradición nacional de discutir la culpa mientras la costa se sigue embarrando.
La reunión de Claudia Sheinbaum con directivos de Coca-Cola dejó una escena curiosa, pero políticamente reveladora: una presidenta que cuestiona el uso de fructosa importada, defiende el valor del azúcar nacional y al mismo tiempo recuerda que el exceso de azúcar hace daño. Detrás de esa mezcla hay una discusión más amplia sobre industria, campo, agua y prioridades productivas.
Entró en vigor un arancel global de 15% ordenado por Trump como “alternativa” tras un revés judicial a su ofensiva arancelaria. La medida es temporal (150 días) y deja excepciones clave. El golpe va directo a precios, cadenas de suministro y socios.
El Banco del Bienestar opera con el 84% de sus sucursales en situación irregular. El proyecto emblema de inclusión financiera avanza sin certeza jurídica plena, exhibiendo improvisación administrativa y riesgos operativos que el discurso oficial ha preferido minimizar.