Preparatorias, CCH y facultades de la UNAM suspendieron actividades o fueron desalojadas por amenazas anónimas de ataques. Bomberos inspeccionaron planteles tras reportes de bombas, sin hallazgos reales. Con 24 recintos en paro o en línea, la universidad vive cierres preventivos y migración a clases virtuales, buscando evitar riesgos a días del 2 de octubre.

Carolina del Sur declaró estado de emergencia por la posible llegada de la tormenta Imelda, que podría convertirse en huracán. Charleston prepara defensas ante inundaciones, mientras el gobernador advirtió de vientos y lluvias intensas. En paralelo, el huracán Humberto alcanzó categoría 4 en el Atlántico, aumentando la presión sobre el Caribe y la costa sureste de EE.UU.

Trump sugirió que, si considera inseguras a algunas ciudades sede del Mundial 2026 en EE. UU., podría reubicar los partidos. Señaló específicamente a Seattle y San Francisco por su liderazgo demócrata. Aunque la FIFA define las sedes definitivas, la intervención presidencial expone una pugna de poder sobre el torneo. La seguridad vira hacia un filtro político más que deportivo.

La CDMX vivió bloqueos y marchas, destacando la movilización por los 11 años de Ayotzinapa que fue del Ángel al Zócalo. También protestaron colectivos como 4:20, CNTE y “No Más Presos Inocentes”. Hubo cierres en Reforma, Congreso de la Unión e Iztapalapa. Autoridades recomendaron rutas alternas, pero la jornada dejó claro que las calles capitalinas siguen siendo territorio de protesta y memoria.

Omar Kalid Sánchez, estudiante de 17 años de la UAGro, fue hallado muerto en un hotel de Acapulco tras ser reportado como desaparecido. El cuerpo presentaba signos de violencia y había una Alerta Amber activa. Autoridades abrieron una investigación, pero el caso refleja la creciente ola de violencia en la ciudad y la vulnerabilidad de la juventud frente al crimen.

Farmacias independientes pierden más de 50 millones de pesos al año por extorsiones, principalmente en el oriente del Valle de México. Los criminales operan con impunidad, dejando mensajes con amenazas en mostradores. La presión obliga a negocios familiares a cerrar, reduciendo el acceso a medicinas en comunidades populares. Unefarm pide mayor coordinación con autoridades, advirtiendo que cada cierre es un golpe a la salud pública y a la economía local.